Dary Terrero
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega dictó auto de apertura a juicio contra tres personas acusadas de ser testaferros en una red de lavado de activos vinculada al presunto narcotraficante Miguel Arturo “Micky” López Florencio.
La decisión del tribunal acogió de forma íntegra la acusación del Ministerio Público y admitió todas las pruebas presentadas contra los imputados Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL.
De acuerdo con el expediente acusatorio, los imputados figuran como socios de la citada empresa, la cual posee al menos veinte inmuebles. Entre estos bienes figura la mansión donde reside el señalado cabecilla de la organización, Micky López.
Vínculos familiares con Rosa Amalia Pilarte
Según la acusación, los encartados forman parte de una red de testaferros estructurada por López Florencio y su esposa, Rosa Amalia Pilarte López, quien ya fue condenada por lavado de activos por la Suprema Corte de Justicia.
Los imputados, además, guardan vínculo familiar con Pilarte López, al ser sus cuñados, lo que refuerza la tesis del Ministerio Público sobre una estructura diseñada para ocultar el origen ilícito del patrimonio delictivo.
Bienes millonarios sin justificación laboral
Uno de los elementos clave en la acusación es la incongruencia entre los bienes declarados y el perfil financiero de los acusados.
Manuel Inoa se presenta como chofer y María Cepeda como ama de casa, sin embargo, ambos están ligados a la adquisición de inmuebles valorados en más de RD$183 millones.
El análisis financiero reveló que la empresa fachada manejó entradas superiores a los RD$250.7 millones entre 2015 y 2019, totalizando flujos por RD$434 millones.
Estas cifras, según el órgano acusador, no corresponden con el nivel de ingresos legalmente atribuible a los implicados.
Leyes violadas y equipo de fiscales
El Ministerio Público calificó las actuaciones como violaciones graves a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, así como a la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y al Código Tributario (Ley 11-92). Entre los artículos violados destacan los números 2, 3, 6 y 9 de la legislación antilavado.
La acusación fue instrumentada por un equipo mixto encabezado por Ramona Nova Cabrera, procuradora de corte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Aura Luz García Martínez, fiscal titular de La Vega; Claudio Cordero Jiménez, fiscal investigador; y Hitler Sánchez, fiscal litigante.
El juicio contra los tres acusados representa un nuevo paso en el desmantelamiento de una de las redes de lavado más complejas del país, y podría marcar un precedente en el enjuiciamiento de quienes prestan su nombre para ocultar fortunas ilícitas.
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