Dary Terrero
El expresidente Donald Trump firmó oficialmente la “Ley de Detención del Fentanilo”, que clasifica de forma permanente todas las sustancias relacionadas con esta droga como pertenecientes a la Lista I de la Ley de Sustancias Controladas de los Estados Unidos.
Esta clasificación implica que el fentanilo y sus análogos ahora se consideran sustancias sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso, al mismo nivel que drogas como la heroína y el LSD.
Endurecen penas sin aumentar recursos para salud pública
La normativa establece sanciones penales más severas contra quienes posean, distribuyan o fabriquen derivados del fentanilo. Según la nueva legislación, tener más de 100 gramos puede conllevar una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión.
Esta medida se implementa en medio de una grave crisis por sobredosis en los Estados Unidos, donde el fentanilo ha sido vinculado a más de 70,000 muertes anuales. Sin embargo, la ley no incluye fondos adicionales para tratamiento, prevención o programas de salud mental.
Diversos sectores han cuestionado que la iniciativa mantenga el enfoque punitivo, sin atender las causas estructurales de la adicción ni ofrecer alternativas de reinserción. Especialistas en salud pública han advertido que este tipo de medidas puede resultar insuficiente si no se acompaña de estrategias integrales.
Legislación busca cerrar vacíos legales
Durante años, los narcotraficantes aprovecharon lagunas en la legislación para sintetizar nuevas versiones del fentanilo que evadían los controles. Con esta ley, se criminaliza toda la familia química de los análogos del fentanilo, lo que fortalece la capacidad de las agencias federales para responder con rapidez.
Desde sectores conservadores se ha celebrado la aprobación como un paso firme para frenar el tráfico y proteger a las comunidades más afectadas por las sobredosis.
No obstante, grupos de derechos civiles han señalado que el endurecimiento de las penas podría contribuir a la sobrepoblación carcelaria, especialmente entre minorías.
Llamado a políticas más equilibradas
La firma de Trump ocurre en un momento clave para el debate nacional sobre drogas. Mientras algunos abogan por más mano dura, otros promueven la despenalización y el tratamiento como vías más humanas y efectivas.
Organizaciones como la Asociación Médica Estadounidense (AMA) y la Red de Acción contra las Sobredosis han pedido al Congreso avanzar hacia un enfoque de salud pública, que combine sanción penal con programas de educación, empleo y rehabilitación.
En paralelo, varios estados han empezado a aplicar estrategias mixtas que priorizan la prevención y el acceso a medicamentos como la naloxona, usada para revertir los efectos de las sobredosis.
Con esta ley en vigor, el futuro del combate al fentanilo en EE.UU. dependerá de cómo se implemente y si se corrigen los vacíos en el acompañamiento social y sanitario.
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