Dary Terrero
El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional conoció este jueves la solicitud de medidas de coerción contra los comunicadores Ángel Martínez e Ingrid Jorge, acusados formalmente por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, de difamación e injuria agravadas.
La querella, depositada por el abogado Miguel Valerio el pasado 30 de mayo, argumenta que ambos imputados han sostenido una campaña de descrédito con acusaciones graves, mensajes difamatorios y amenazas de divulgación de contenido íntimo, todo en perjuicio de la dignidad e integridad moral de la funcionaria.
Querella acusa uso doloso de plataformas digitales
Según el documento presentado ante el tribunal, Ingrid Jorge habría hecho un uso abusivo e ilegal de sus redes sociales y medios de comunicación para dañar intencionalmente la imagen de Raful.
La acusación indica que las afirmaciones falsas, sostenidas en medios de amplio alcance, fueron utilizadas para presionar, coaccionar y desacreditar a la ministra en el ejercicio de sus funciones públicas.
Esto, según la querella, ha generado perjuicios a su seguridad personal, su reputación institucional y su estabilidad emocional.
Faride Raful exige que Jorge sea condenada al pago de RD$50 millones como indemnización por los daños y perjuicios.
Imputaciones graves contra Ángel Martínez
En el caso de Ángel Martínez, la querella subraya que el comunicador difundió en YouTube y la red social X imputaciones directas sobre presuntos vínculos de la funcionaria con el narcotráfico y la acusó de proteger con escoltas oficiales a supuestos criminales.
La acusación también menciona amenazas públicas de divulgar “material audiovisual íntimo” que pertenecería a Raful, lo cual es calificado por sus abogados como una “afrenta directa contra su honor, intimidad y estabilidad emocional”.
Como en el caso de Jorge, se solicita una indemnización de RD$50 millones contra Martínez, y que se apliquen medidas de coerción para evitar la continuidad del presunto acoso digital y mediático.
Se reserva derecho a ampliar cargos
La parte querellante también solicitó al tribunal que se le reconozca el derecho de presentar nuevas pruebas y cargos adicionales contra los comunicadores durante la fase preparatoria del proceso.
El tribunal conocerá hoy si impone medidas como impedimento de salida del país, presentación periódica o prisión preventiva, conforme al tipo penal imputado y la gravedad del daño alegado.
Reacciones divididas
El proceso ha generado reacciones encontradas en la opinión pública. Mientras sectores feministas y políticos oficialistas respaldan a la ministra, seguidores de los comunicadores alegan persecución política.
Sin embargo, el tribunal decidirá en las próximas horas sobre la procedencia de las medidas solicitadas por la querellante.
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