Dary Terrero
La Comisión Permanente de Asuntos Municipales del Senado de la República emitió un informe favorable al proyecto que modifica el artículo 21 de la Ley 176-07, sobre el uso de los fondos municipales, con el propósito de mejorar la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos de los gobiernos locales.
La iniciativa fue impulsada por el senador Aneudy Ortiz Sajiun y ya recibió aprobación en el Congreso Nacional, representando un paso importante hacia una gestión más equitativa y orientada al desarrollo comunitario.
Nuevos porcentajes para distribución de recursos
Con esta reforma, se establece una estructura clara y obligatoria sobre cómo deben utilizarse los fondos por parte de ayuntamientos y juntas de distritos municipales:
Hasta un 30% para cubrir gastos de personal fijo o temporal. Hasta un 40% para el funcionamiento y mantenimiento de los servicios municipales. Hasta un 5% en programas educativos, de género y salud.
Al menos un 25% deberá invertirse en obras de infraestructura, mejoras de inmuebles y proyectos de desarrollo económico y social, en el marco del presupuesto participativo.
Estos porcentajes buscan fomentar una gestión más responsable, limitando el uso discrecional de los recursos municipales, que muchas veces ha sido fuente de irregularidades.
Sanciones por mal uso de fondos
El proyecto también incorpora medidas punitivas para los funcionarios municipales que violen las nuevas disposiciones.
Se contemplan sanciones que van desde dos hasta cinco años de prisión, así como multas equivalentes a cinco a veinte salarios mínimos.
Además, aquellos servidores como tesoreros o contralores municipales que omitan reportar irregularidades también serán considerados responsables y podrán enfrentar consecuencias legales.
Más control y auditorías anuales
La Cámara de Cuentas asumirá un papel clave bajo esta nueva legislación. Estará obligada a auditar anualmente la ejecución presupuestaria de los gobiernos locales y a hacer públicos sus resultados.
En caso de detectar irregularidades graves, dicha entidad podrá activar mecanismos legales que deriven en procesos penales contra los responsables.
Una reforma que fortalece la gobernabilidad local
Durante la presentación del informe, el senador Ortiz Sajiun expresó que esta reforma representa un compromiso con la ciudadanía para devolver la confianza en las administraciones locales.
Señaló que las comunidades exigen transparencia y obras concretas, no discursos vacíos ni promesas incumplidas.
El legislador también valoró el esfuerzo conjunto del Senado y la Cámara de Diputados para aprobar esta reforma, que fortalece la institucionalidad y promueve una gestión más ética, eficiente y cercana a las necesidades reales de la gente.
Participación ciudadana y desarrollo
Uno de los aspectos destacados del proyecto es la obligatoriedad de destinar una parte del presupuesto a obras bajo el esquema del presupuesto participativo.
Esto significa que las comunidades tendrán voz en la definición de prioridades de inversión, fomentando así la corresponsabilidad y el control social sobre el uso de los fondos.
En ese sentido, se busca que los recursos impacten directamente en el bienestar colectivo, con enfoque en salud, educación, género e infraestructura crítica.
Hacia un nuevo modelo municipal
Con estos cambios, se da un paso firme hacia un modelo de gestión municipal basado en reglas claras, planificación estratégica y participación ciudadana.
La reforma al artículo 21 de la Ley 176-07 apunta a cerrar brechas históricas en la distribución del presupuesto municipal, enfocándose en la inversión pública y en el fortalecimiento institucional como motores del desarrollo local.
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