Dary Terrero
San Juan, RD. – Recientes manifestaciones en San Juan han puesto de relieve la oposición creciente a la explotación del proyecto minero Mina Romero, debido a preocupaciones sobre el impacto ambiental y la salud de las comunidades cercanas.
Organizaciones civiles, ambientales y vecinos afectados se han unido para exigir una evaluación más rigurosa y transparente del proyecto, así como la suspensión inmediata de sus operaciones hasta garantizar estándares adecuados.
Contexto de la resistencia local
Mina Romero, ubicada en el municipio de San Juan, ha sido objeto de controversia desde sus inicios.
Aunque promete beneficios económicos por la extracción de minerales, los residentes y activistas advierten sobre posibles daños a fuentes de agua, la biodiversidad local y la calidad de vida.
Los opositores argumentan que la región no cuenta con la infraestructura ni los controles necesarios para gestionar residuos tóxicos, y que los riesgos superan los supuestos beneficios económicos.
Impacto ambiental y comunitario
El agua es un bien esencial en San Juan. Esto ha generado alarma porque se teme que la explotación de Mina Romero contamine cauces y mantos freáticos.
Las filtraciones de metales pesados podrían afectar cultivos, animales y consumo humano, según estiman los expertos comunitarios.
Además, la tala de vegetación y la remoción de grandes cantidades de tierra pueden provocar erosión, pérdida de hábitats y desequilibrios ecológicos difíciles de revertir.
Demandas básicas de la oposición
Los grupos en contra de Mina Romero plantean exigencias claras:
Suspensión inmediata de permisos ambientales hasta realizar estudios independientes. Implementación de mecanismos de vigilancia ciudadana durante todo el proceso.
Consultas públicas vinculantes antes de cualquier avance en la obra.
Acceso a datos técnicos y de monitoreo por parte de instituciones gubernamentales y la sociedad civil.
Postura de las autoridades
Las autoridades municipales y algunos representantes del Gobierno defienden que el proyecto traerá empleo y desarrollo regional.
Han asegurado que cuentan con licencias vigentes y cumplen con normas técnicas.
Sin embargo, no han presentado estudios ambientales completos ni han aclarado qué medidas están tomando para proteger los recursos naturales y las comunidades locales.
Movilización social y acciones legales
La resistencia en San Juan no se limita a protestas en las calles. Se han interpuesto recursos legales y se han solicitado amparos ambientales contra la continuidad de Mina Romero.
Organizaciones como el Comité Ambiental de San Juan y la Red Dominicana de Defensa Ecológica han presentado documentación que denuncia insuficiencias técnicas en los permisos, además de posibles violaciones al derecho comunitario.
El desafío del desarrollo sostenible
El caso de Mina Romero resalta una tensión común en muchas regiones: perseguir un desarrollo económico sin comprometer el medio ambiente ni la salud de las personas.
La oposición local apela a encontrar un equilibrio, donde exista un crecimiento económico responsable que incluya estudios serios, transparencia y respeto por los derechos ambientales.
Los defensores del proyecto insisten en que se necesitan recursos para mejorar infraestructura, educación y servicios públicos. Sin embargo, los críticos sostienen que solo un enfoque sostenible y regulado permitirá un beneficio real y duradero para la comunidad.
La movilización en San Juan sigue activa, con vigilias, foros y patrullajes ciudadanos en áreas cercanas al sitio minero.
Se espera que en las próximas semanas se convoquen nuevas mesas entre autoridades, representantes comunitarios y técnicos independientes para revisar el futuro de Mina Romero.
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