Dary Terrero
Lima, Perú.– El primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, presentó este martes su renuncia al cargo, apenas un día antes de someterse a una moción de censura en el Congreso de la República.
La medida legislativa había sido impulsada por varias bancadas, tras acusarlo de no lograr contener la creciente ola de criminalidad que afecta al país.
La salida de Adrianzén se da en un contexto de alta tensión política, donde la inseguridad ciudadana, los casos de extorsión, sicariato y el avance del crimen organizado se han convertido en los principales reclamos de la sociedad civil y el Congreso.
Evita enfrentar una posible destitución
Gustavo Adrianzén, quien asumió el cargo en marzo de este año, prefirió presentar su dimisión voluntaria antes de afrontar una moción de censura que, según los conteos preliminares, contaba con los votos suficientes para ser aprobada.
La moción lo responsabilizaba directamente por la ineficiencia en el combate al crimen, la falta de resultados concretos y por haber respaldado sin cuestionamientos a la presidenta Dina Boluarte en medio de una crisis institucional persistente.
Reacciones tras la renuncia
El anuncio fue recibido con reacciones mixtas. Algunos sectores lo consideraron un paso necesario para destrabar la gestión de seguridad interna, mientras otros lo ven como una señal de debilidad del gobierno de Boluarte, que ha enfrentado varios cambios de gabinete en menos de dos años.
Voces del Congreso señalaron que la salida del primer ministro no exime al Ejecutivo de su responsabilidad frente al clima de inseguridad que mantiene en vilo a millones de peruanos.
En tanto, desde la Presidencia se confirmó que la jefa de Estado aceptó la renuncia y que anunciará en breve al nuevo titular del Consejo de Ministros.
Crisis de seguridad sin solución
En los últimos meses, Perú ha experimentado un incremento sostenido de delitos violentos, especialmente en Lima y otras ciudades importantes.
La expansión del narcotráfico, las redes de extorsión y el sicariato han puesto en jaque a las autoridades y han elevado los niveles de percepción de inseguridad entre la población.
Los recientes estados de emergencia decretados por el Ejecutivo no han logrado frenar el avance del crimen, lo que ha alimentado el malestar ciudadano y la presión política sobre el gobierno central.
Un gabinete inestable
La renuncia de Adrianzén marca otro episodio en la inestabilidad del gabinete de Dina Boluarte, que ha visto desfilar a numerosos ministros desde que asumió el poder en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo.
La falta de cohesión política, sumada a la desconfianza ciudadana, complica aún más la gobernabilidad del país andino.
Con esta nueva salida, la presidenta deberá recomponer su equipo para enfrentar tanto los retos internos como las críticas de un Congreso dividido, pero cada vez más desafiante.
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