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El Ministerio Público ha solicitado la declaratoria de caso complejo y la imposición de 18 meses de prisión preventiva para dos personas señaladas como los principales cabecillas de una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual comercial.
Los acusados, Julio de la Cruz Vásquez, conocido como “Nacho” o “Gordo”, y Leonelis Rodríguez Martínez, fueron arrestados y presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata. Ambos están vinculados a una operación criminal que, según las autoridades, operaba a gran escala y con conexiones internacionales.
Las autoridades realizaron operativos simultáneos que permitieron el desmantelamiento de esta red, la cual captaba víctimas, en su mayoría menores de edad, para fines de explotación sexual en distintos puntos del país y del extranjero.
Ministerio Público presenta cargos graves
De acuerdo con la solicitud formal del Ministerio Público, De la Cruz Vásquez y Rodríguez Martínez enfrentan cargos por trata de personas agravada, proxenetismo agravado, abuso psicológico y abuso sexual contra menores de edad.
Estas acciones violan las disposiciones establecidas en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como lo estipulado en la Ley 136-03, Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Adicionalmente, Julio de la Cruz Vásquez será procesado por el delito de usurpación de funciones, al hacerse pasar por funcionario público para facilitar sus actividades delictivas.
Una red con estructuras organizadas
Las investigaciones del Ministerio Público revelaron que los acusados dirigían una estructura bien organizada. Esta red reclutaba víctimas mediante engaños y promesas falsas de empleo o mejora económica.
Una vez captadas, las víctimas eran sometidas a diversas formas de violencia física, emocional y sexual, y eran explotadas en condiciones inhumanas.
Los fiscales especializados en delitos sexuales y trata de personas determinaron que esta organización contaba con cómplices que operaban en diferentes provincias y mantenían conexiones con grupos en el extranjero, lo que refuerza el carácter transnacional del delito.
Solicitan declaratoria de caso complejo
Debido al número de víctimas, la complejidad de la estructura criminal y la cantidad de evidencias que requieren análisis técnico, el Ministerio Público solicitó la declaratoria del caso como complejo.
Este tipo de declaratoria permite a las autoridades judiciales ampliar los plazos de investigación y garantizar una acusación sólida y bien fundamentada.
También permite proteger de manera adecuada a las víctimas y testigos que podrían enfrentar represalias si se acelera el proceso judicial.
Solicitan prisión preventiva por riesgo de fuga
La solicitud de 18 meses de prisión preventiva se fundamenta en el peligro de fuga de los imputados, quienes presuntamente poseen medios económicos y contactos internacionales que facilitarían su salida del país.
Además, las autoridades consideran que los procesados podrían intentar entorpecer la investigación o influir sobre testigos clave si permanecen en libertad.
Por estas razones, el Ministerio Público insiste en la necesidad de una medida de coerción fuerte que asegure el desarrollo efectivo del proceso penal.
Fiscalía enfatiza protección a víctimas
En un comunicado, el Ministerio Público reiteró su compromiso de proteger los derechos de las víctimas y perseguir con firmeza los delitos de trata de personas.
También hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la explotación sexual y comercial de personas, especialmente menores de edad.
Las autoridades destacaron que este caso representa un ejemplo de coordinación interinstitucional y de la voluntad del Estado de combatir frontalmente la trata de personas en todas sus formas.
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Dary Terrero
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