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El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó este jueves la prisión preventiva contra cuatro miembros de la Policía Nacional.
Acusados de formar parte de una presunta red criminal que habría sustraído al menos 900 mil proyectiles de las reservas oficiales de la institución.
La decisión fue tomada por la jueza Yanibet Rivas, quien evaluó la solicitud
de revisión de medida de coerción presentada por la defensa de los implicados. Sin embargo, el tribunal consideró que se mantienen los elementos que justifican la prisión preventiva.
Entre los encartados figura el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la Custodia de Armas y Municiones de la Policía Nacional.
También el subintendente Juan Miguel Pérez Soler, el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central, y el raso Moreibín Medina Pérez.
Todos los imputados seguirán detenidos en el centro de retención para militares de Operaciones Especiales, ubicado en Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
Fiscalía alega peligro de fuga y riesgo para el proceso judicial
Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por fiscales de la.
Dirección de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitó mantener la prisión preventiva.
La solicitud fue sustentada en el peligro de fuga que representan los acusados, así como en la posibilidad de que interfieran con la investigación judicial. Estas razones fueron aceptadas por la jueza, quien decidió no variar la medida de coerción.
Los fiscales sostienen que el grupo actuó de forma organizada para sustraer una gran cantidad de municiones, lo que representa una amenaza a la seguridad nacional y un acto de corrupción grave dentro de la institución del orden.
El caso ha despertado la atención pública debido a la magnitud del robo y al involucramiento de altos mandos policiales.
Prisión de 18 meses para siete agentes más
Cabe destacar que esta red criminal involucra a un total de diez miembros de la Policía Nacional, de los cuales siete ya fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses, medida impuesta por la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El robo de las municiones fue detectado tras una auditoría interna y una investigación llevada a cabo por organismos de inteligencia del Estado. Las municiones sustraídas estaban bajo custodia oficial y tenían como destino exclusivo el uso institucional.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado el destino de los proyectiles ni si han sido recuperados. Tampoco se ha descartado que haya más implicados dentro de la institución.
El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar la totalidad de los responsable y la ruta de salida de las municiones desaparecidas.
Este caso ha vuelto a poner en el centro del debate la necesidad de una reforma profunda en los mecanismos de control interno de la Policía Nacional, así como una revisión en los protocolos de custodia de armamento y municiones.
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