Dary Terrero
En marzo de 2025, un grupo de 70 diputados presentó un proyecto de reforma al Código Penal de la República Dominicana que busca endurecer las sanciones relacionadas con el aborto.
Esta iniciativa, impulsada por una mayoría conservadora en el Congreso, propone aumentar las penas de prisión para quienes practiquen abortos, añadiendo hasta 15 años de cárcel en comparación con la legislación vigente.
Contexto legal actual del aborto en República Dominicana
La República Dominicana mantiene una prohibición total del aborto, sin excepciones legales, incluso en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la mujer.
El Código Penal vigente establece penas de hasta dos años de prisión para las mujeres que se someten a un aborto y hasta 20 años para los profesionales de la salud que lo practican.
En junio de 2024, el Senado dominicano aprobó en primera lectura un proyecto de ley que mantenía esta prohibición absoluta del aborto en el país.
Esta decisión fue criticada por organizaciones de derechos humanos, que señalaron que perpetúa un ciclo de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas, obligándolas a recurrir a procedimientos clandestinos y peligrosos.
Propuesta de aumento de penas en el nuevo proyecto
El nuevo proyecto de Código Penal propone incrementar significativamente las sanciones por aborto.
Aunque los detalles específicos del aumento de penas no se han divulgado ampliamente, se ha informado que las nuevas sanciones podrían sumar hasta 15 años de prisión para quienes realicen abortos, lo que representa un endurecimiento considerable respecto a la legislación actual.
Este endurecimiento de las penas refleja la postura de la mayoría conservadora en el Congreso, que se opone a la despenalización del aborto bajo cualquier circunstancia, incluyendo las tres causales comúnmente debatidas: riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad del feto y casos de violación o incesto.
Reacciones de organizaciones de derechos humanos
La propuesta ha generado preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha instado al Congreso dominicano a reformar el Código Penal para despenalizar el aborto en al menos las tres causales mencionadas, argumentando que la penalización total del aborto perpetúa la violencia y discriminación contra las mujeres y niñas.
Human Rights Watch también ha criticado la prohibición absoluta del aborto en República Dominicana, señalando que obliga a las mujeres y niñas a someterse a procedimientos inseguros que ponen en riesgo su salud y sus vidas.
Casos emblemáticos que resaltan la problemática
La prohibición total del aborto en el país ha llevado a situaciones críticas.
Por ejemplo, en diciembre de 2024, se reportó el caso de una adolescente de 14 años con discapacidad cognitiva que fue violada y obligada a dar a luz, a pesar de los riesgos para su salud.
Este caso puso en evidencia las deficiencias del sistema para proteger a las menores y la falta de opciones legales para interrumpir embarazos en circunstancias extremas.
Además, en 2024, se registraron varios feminicidios infantiles que resaltaron la deuda del país con la protección de las niñas y adolescentes.
Estos casos han generado debates sobre la necesidad de reformas legales que garanticen los derechos y la seguridad de las mujeres y niñas dominicanas.
Debate legislativo y perspectivas futuras
El proyecto de reforma al Código Penal aún debe ser debatido y aprobado en ambas cámaras del Congreso antes de convertirse en ley.
El debate promete ser intenso, con posiciones encontradas entre quienes buscan mantener la prohibición total del aborto y aquellos que abogan por su despenalización en ciertas circunstancias.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continuarán observando de cerca el desarrollo de esta legislación, instando al Estado dominicano a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, y a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
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