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En República Dominicana, varios sectores disfrutan del privilegio de importar vehículos sin pagar impuestos. Sin embargo, los congresistas destacan como los mayores beneficiarios de esta exención.
Aunque no son los únicos con acceso a este incentivo, sí lideran la lista de quienes más recursos evitan que ingresen al Estado. Esta práctica plantea interrogantes sobre equidad fiscal y uso responsable del poder.
Congresistas encabezan beneficios fiscales
Los legisladores dominicanos aprovechan al máximo su condición para importar vehículos sin impuestos. Cada periodo, muchos de ellos utilizan esta prerrogativa, y algunos incluso la transfieren a terceros, algo permitido por la ley bajo ciertas condiciones.
Según datos extraoficiales, un número considerable de diputados y senadores recurre a esta facilidad no para uso personal, sino como oportunidad de negocio o favor político.
La exoneración fiscal representa una pérdida millonaria para las finanzas públicas. Por vehículo importado bajo esta modalidad, el Estado deja de percibir entre uno y tres millones de pesos, dependiendo del modelo y año.
Impacto en los ingresos del Estado
Los expertos en política fiscal critican que este beneficio, aunque legal, afecta seriamente la recaudación tributaria. La evasión de impuestos por parte de los congresistas no es ilegal, pero sí cuestionable desde una perspectiva ética.
Mientras la población enfrenta altos impuestos en productos básicos, una élite política goza de exenciones que profundizan la desigualdad. Este privilegio, lejos de ser una necesidad, se ha convertido en una ventaja económica para quienes legislan.
La Dirección General de Aduanas ha señalado en varias ocasiones la necesidad de revisar estos incentivos. No obstante, las reformas propuestas rara vez prosperan en el Congreso, donde los directamente beneficiados tendrían que votar en contra de sus propios intereses.
Otros sectores también gozan del beneficio
Militares, diplomáticos y algunas organizaciones sin fines de lucro también están exentos del pago de impuestos al traer vehículos al país. Sin embargo, en volumen y valor, los congresistas superan ampliamente a estos grupos.
A diferencia de los diplomáticos, que requieren vehículos por funciones internacionales, o de los militares en misiones específicas, el caso de los legisladores carece de justificación funcional clara.
El incentivo, que originalmente buscaba facilitar la labor legislativa, ha degenerado en una puerta abierta para el comercio indirecto y la evasión institucionalizada.
Llamados a una reforma integral
Organizaciones de la sociedad civil, economistas y algunos líderes políticos han solicitado en múltiples ocasiones que se limite o elimine esta práctica. Argumentan que el sistema fiscal debe ser justo, transparente y eficiente.
Una revisión profunda permitiría recuperar ingresos necesarios para salud, educación y seguridad. Además, contribuiría a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Los beneficios fiscales deben servir a objetivos claros de desarrollo, no como recompensas personales para funcionarios públicos. De lo contrario, se perpetúa una cultura de privilegio que socava la legitimidad democrática.
El debate sigue abierto, pero mientras no haya voluntad política para cambiar las reglas del juego, los legisladores seguirán liderando la lista de quienes más dinero ahorran en impuestos a costa del Estado.
–MÁS
Dary Terrero
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