Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 408-25, mediante el cual declara de interés nacional las acciones y actividades vinculadas al proceso de adhesión de la República Dominicana a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y crea una comisión presidencial que coordinará esta iniciativa estratégica para el país.
El decreto establece que el objetivo principal es planificar, coordinar y supervisar las políticas y gestiones necesarias para que el país se convierta en miembro pleno de la OCDE, alineando su desarrollo institucional con los estándares internacionales de transparencia, gobernanza pública, sostenibilidad y competitividad.
Comisión presidencial para la OCDE
Según el artículo 2 del decreto, la comisión presidencial estará presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y funcionará de manera honorífica, es decir, sin remuneración para sus miembros. Las instituciones que integran la comisión son:
Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) – Coordinador general Ministerio de la Presidencia Ministerio de Hacienda y Economía Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
Además, el decreto contempla la creación de subcomisiones técnicas y la inclusión de representantes del sector privado, sociedad civil, academia y otros poderes del Estado, cuando se considere pertinente.
Compromiso con estándares internacionales
El gobierno resalta que la OCDE es un organismo que promueve políticas públicas orientadas al bienestar económico y social, además de ser una fuente clave de indicadores y buenas prácticas en áreas como el crecimiento económico sostenible, innovación, educación, transparencia fiscal y lucha contra la corrupción.
La República Dominicana ya participa en instancias como el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, el Programa Regional para América Latina y el Caribe (PRALC), y el Foro Internacional de Transporte (ITF).
Plazos y seguimiento
La comisión creada deberá informar periódicamente al Poder Ejecutivo sobre los avances en el proceso de adhesión, y su vigencia se mantendrá hasta que se alcancen los objetivos establecidos o el decreto sea derogado por una norma de igual o mayor jerarquía.
Este paso refuerza la estrategia del país de cara a su Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y a su aspiración de integrarse a los circuitos internacionales más exigentes en términos de políticas públicas, transparencia y desarrollo.
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