Nacionales (Javier Herrera).- La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) recomendó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) inhabilitar el registro como proveedores del Estado a dos empresas, luego de hallar evidencia de colusión (prácticas contra el erario).
Esas empresas, una dentro de la categoría mico y otra pequeña, son distribuidoras de insumos para la elaboración de alimentos destinados a las cárceles del régimen penitenciario nacional, a las cuales, también, se les impuso una sanción consitente en una multa de 294 salarios mínimos del sector a que corresponden cada una.
Es la primera vez en la historia que se registran sanciones por colusión, dijo María Elena Vásquez, presidenta del organismo del Estado responsable de promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia.
Acotó que las sanciones están basadas en la normativa y la estimación del daño. «Se calculó sobre la base de las fórmulas económicas que la institución ha publicado en sus guías metodológicas y que dotan de seguridad jurídica y certeza los procesos sancionadores de la institución», manifestó.
Sobre el particular, Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), valoró la acción como un éxito.
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