Dary Terrero
Una protesta pacífica terminó en caos este martes cuando agentes de la Policía Nacional dispersaron con gases lacrimógenos a un grupo de obreros que reclamaban el pago de su bonificación laboral en el entorno de la presa de Monte Grande, en la región sur del país.
Los trabajadores, contratados por el Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande (PMPMG), llevaban varios días manifestándose frente a las instalaciones de la obra.
Su demanda principal era el pago de la bonificación correspondiente al año 2024, que aún no ha sido desembolsada por la empresa contratista.
La intervención policial provocó tensión en la comunidad y dejó un ambiente de indignación entre los afectados y los residentes del área.
Lanzamiento de gases sin previo aviso
Según testimonios recogidos en el lugar, los agentes antidisturbios llegaron sin entablar diálogo con los manifestantes y lanzaron bombas lacrimógenas de forma indiscriminada.
Obreros que se encontraban en las inmediaciones denunciaron que no hubo advertencia previa ni intento de mediación por parte de las autoridades.
Varios trabajadores fueron impactados por los efectos del gas, que también afectó a una escuela cercana, situada en el centro poblado de Monte Grande.
La situación provocó alarma entre estudiantes, profesores y familias de la comunidad.
Comunidad denuncia abuso de poder
Santo Esteban Ferreras, representante del Comité de Defensa de los Afectados por la Presa Monte Grande, denunció que la acción de la Policía fue desproporcionada y puso en riesgo a la población civil.
Ferreras señaló que los obreros han intentado agotar los canales institucionales para obtener respuesta sobre el pago de sus derechos laborales, sin recibir solución por parte de la empresa contratista.
“La única respuesta que recibieron fue gas lacrimógeno y represión”, expresó con firmeza.
Tensión laboral y falta de respuesta oficial
Los trabajadores afectados han reiterado que no cesarán en sus demandas hasta recibir el pago de la bonificación correspondiente al 2024.
Muchos de ellos afirmaron que dependen de ese ingreso para cubrir necesidades básicas de sus familias.
Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Trabajo ni representantes del proyecto han ofrecido una declaración oficial sobre el conflicto ni sobre la actuación de los agentes policiales.
La represión ha sido ampliamente criticada en redes sociales y por organismos comunitarios, quienes exigen una investigación inmediata y sanciones a los responsables del uso excesivo de la fuerza.
Reclamos laborales en proyectos estatales
La situación en Monte Grande refleja un patrón de tensiones laborales en proyectos de infraestructura del Estado.
Los reclamos por pagos atrasados, condiciones precarias de trabajo y falta de garantías legales son cada vez más frecuentes entre los obreros del sector construcción.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han advertido sobre la necesidad de establecer mecanismos de diálogo y supervisión laboral en estos proyectos, para evitar conflictos que deriven en violencia institucional.
Mientras tanto, los obreros de Monte Grande mantienen su postura firme: no se moverán hasta que les paguen lo que por ley les corresponde.
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