Dary Terrero
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, depositó en el Senado de la República un proyecto de ley que busca modificar la legislación migratoria vigente y aumentar considerablemente las sanciones por tráfico ilegal.
El proyecto modifica de forma puntual varios artículos clave de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, con el fin de modernizar su aplicación, cerrar vacíos legales y garantizar una respuesta más contundente por parte del sistema judicial.
La iniciativa fue entregada al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, como parte del cumplimiento inmediato de una de las 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader el pasado domingo, enfocadas en reforzar la soberanía nacional ante la crisis de seguridad en Haití.
Más años de prisión y multas más elevadas
Entre los cambios más relevantes de la ley, se plantea que el delito de tráfico ilícito de migrantes pase de una sanción de entre 10 y 15 años de prisión a un nuevo rango que va de 12 a 20 años.
Además, las multas se elevarían significativamente: de entre 150 y 250 salarios mínimos, a un rango de entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público.
También se incluiría la inhabilitación de los derechos de ciudadanía para los condenados por este delito, lo que representa un castigo adicional de carácter cívico y social.
Reforma a la ley se enfoca en cuatro artículos claves
El proyecto de ley se centra en la modificación de los artículos 2, 5, 6 y 7 de la normativa actual.
Según explicó Peralta Romero, el objetivo es ampliar las definiciones del delito, penalizar nuevas conductas y fortalecer el marco legal para perseguir tanto a los autores como a los cómplices.
En el artículo 2 se redefinen los elementos que constituyen el tráfico ilícito de migrantes, con una descripción más detallada y precisa, que permitirá al Ministerio Público aplicar la ley con mayor eficacia.
Responsabilidad por omisión
Uno de los cambios más novedosos se introduce en el artículo 5, de la ley, que establece sanciones por omisión.
Se considerará responsable a quien, teniendo un deber legal o relación con la víctima, no actúe para evitar el daño.
Esta disposición incluye a quienes, de manera voluntaria, asuman el rol de proteger o vigilar, o provoquen una situación de riesgo que luego no intenten evitar.
La omisión se castigará como si fuera una acción directa, cuando los resultados sean comparables.
Cómplices también serán más castigados
El artículo 6 de la ley rediseña el papel del cómplice en este tipo de delitos.
Se establece con claridad cuándo una persona puede ser considerada cómplice y se detallan las penas correspondientes, que aumentan si se comprueba participación activa o conocimiento previo.
En tanto, el artículo 7 agrega nuevas circunstancias agravantes.
Entre ellas, se incluyen el grado de vulnerabilidad de la víctima, el tipo de relación con el agresor, el nivel de daño causado y los métodos utilizados para perpetrar el crimen.
Penas podrían llegar a 40 años
Cuando concurran agravantes como el uso de armas, la afectación a adultos mayores o la muerte de la víctima, las penas podrían alcanzar hasta 40 años de prisión.
Las multas, en estos casos, también escalarían hasta los 6,000 salarios mínimos del sector público.
Este endurecimiento de las sanciones en la ley busca enviar un mensaje claro contra las redes criminales que lucran con la desesperación de los migrantes, y al mismo tiempo proteger a los más vulnerables.
Congreso promete conocer el proyecto con urgencia
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que el Congreso tratará esta reforma con la urgencia requerida.
“El presidente de la República ha sido enfático. Este proyecto es prioritario y será aprobado en un tiempo relativamente corto”, expresó.
El tráfico ilícito de migrantes ha sido una preocupación constante para las autoridades dominicanas.
Con esta iniciativa, el Gobierno espera cerrar brechas legales y enviar un mensaje disuasivo tanto a los traficantes como a sus cómplices.
Agregar comentario