Dary Terrero
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes lo que considera una reacción débil por parte del gobierno dominicano frente al nuevo impuesto del 3.5% aplicado a las remesas por parte de una entidad extranjera, lo cual ha generado preocupación entre dominicanos en el exterior y sus familias en el país.
Según el partido opositor, el gobierno ha demostrado “tibieza y falta de compromiso” con la diáspora dominicana, que representa una de las principales fuentes de ingreso para la economía nacional.
Los dirigentes del PLD afirmaron que este nuevo impuesto, supuestamente implementado por autoridades tributarias del estado de Nueva York, afecta directamente a miles de dominicanos que envían dinero a sus familiares desde los Estados Unidos.
Exigen defensa efectiva de la diáspora
En un comunicado, la organización política exigió una postura firme del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los consulados dominicanos ante lo que catalogan como una medida “injusta y discriminatoria”, que podría establecer un precedente peligroso para futuras cargas impositivas.
“El silencio del gobierno ante esta agresión fiscal no tiene justificación. No se ha visto un solo pronunciamiento claro de defensa a nuestros compatriotas, ni acciones diplomáticas reales que busquen revertir esta medida”, señaló un vocero del partido morado.
Impacto económico en los hogares dominicanos
La denuncia del PLD pone sobre la mesa la importancia de las remesas en la economía nacional, las cuales superan los 10 mil millones de dólares anuales. Cualquier recargo o impuesto aplicado sobre estas transferencias impacta directamente el consumo de miles de familias dominicanas que dependen de esos recursos.
Expertos financieros han advertido que un impuesto como el anunciado podría desincentivar el uso de canales formales para el envío de dinero, promoviendo vías informales y reduciendo la transparencia financiera.
Llamado al Congreso y a la Cancillería
El PLD también hizo un llamado al Congreso Nacional para que, a través de comisiones de relaciones exteriores, se inicie una investigación formal sobre el alcance y la legalidad de dicho impuesto, además de demandar respuestas de la Cancillería dominicana.
“Defender a la diáspora debe ser una política de Estado, no una consigna vacía. Si no actuamos ahora, mañana podría haber más cargas contra nuestros dominicanos en el exterior”, advirtió el partido.
Por el momento, el gobierno no ha emitido una declaración oficial sobre este impuesto, lo que refuerza la crítica opositora sobre una supuesta inacción.
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