El Ministerio Público solicitó condenas de hasta 20 años de cárcel contra Jairo Joel González Durán y varios de sus colaboradores, acusados de estafar a más de 400 personas mediante operaciones fraudulentas.
Según las conclusiones presentadas, los procesados habrían captado recursos por más de 15 millones de dólares, 34 millones de pesos dominicanos y más de 3 millones en criptomonedas tipo Tether (USDT).
Estafa millonaria con fachada empresarial
La acusación detalla que los implicados ofrecían supuestas inversiones seguras en el mercado de valores, pese a no estar autorizados para operar.
A través de una empresa creada con apariencia legal, realizaron una oferta pública de valores que indujo al error a cientos de personas, quienes entregaron sus ahorros bajo la promesa de altas ganancias.
Posteriormente, los fondos eran ocultados mediante maniobras propias del lavado de activos. Con las pruebas presentadas, el Ministerio Público aseguró que quedó demostrado cómo se montó una estructura delictiva con publicidad digital que proyectaba confianza en operaciones que no tenían ningún respaldo.
Acusados y condenas solicitadas
Contra Jairo Joel González Durán se pidió la pena máxima de 20 años de prisión, el pago de 400 salarios mínimos como multa, la inhabilitación permanente para ejercer en el mercado financiero y de valores, además del decomiso de todos los bienes adquiridos con fondos ilícitos.
Para Kelmin Santos Rodríguez y Leandro González Espinal, el órgano acusador solicitó 10 años de cárcel y el pago de 200 salarios mínimos, con inhabilitación permanente en el sector financiero.
En tanto, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez enfrentarían penas de 5 años de prisión, el pago de 200 salarios mínimos y la inhabilitación por diez años en actividades vinculadas al mercado financiero.
Bienes bajo decomiso
El Ministerio Público también pidió el decomiso de propiedades y vehículos adquiridos con los fondos de la estafa. Entre los bienes señalados figuran apartamentos en el Distrito Nacional y en Playa Nueva Romana, así como unidades en el condominio Náutica Business Center.
A la lista se suman vehículos de lujo, incluyendo un Lamborghini Urus 2019, un Audi Q8 2020, una Lincoln Navigator 2021 y una Chevrolet Tahoe 2017.
Proceso judicial en curso
Los fiscales explicaron que, con las pruebas documentales y testimoniales, la acusación quedó demostrada más allá de toda duda razonable. Además, pidieron que los acusados asuman el pago de las costas procesales, salvo Leandro González Espinal, representado por un defensor público.
El caso se ventila en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por los jueces Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez. El juicio continuará el próximo miércoles con la presentación de las conclusiones de las partes querellantes y las defensas de los imputados.
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