La Vega. – A más de un año del colapso parcial del puente sobre el río Camú, los trabajos de remozamiento en la calle Antonio Guzmán Fernández permanecen estancados, generando desesperación entre residentes y comerciantes de la zona.
La obra, que abarca la reparación de uno de los aproches afectados por las lluvias del 2024, no presenta avances visibles.
El cierre del puente ha afectado gravemente la economía local y la movilidad entre sectores clave de la ciudad.
Negocios en quiebra por el retraso
El prolongado cierre del puente ha provocado el colapso de más de 15 negocios ubicados en sus inmediaciones.
Comerciantes aseguran que la drástica disminución del tránsito vehicular y peatonal ha desplomado sus ventas, obligando a varios a cerrar y dejando a otros al borde de la quiebra.
Los dueños de los establecimientos que aún operan denuncian la indiferencia de las autoridades, quienes no han ofrecido ningún plan de contingencia para mitigar las pérdidas económicas derivadas del retraso en la ejecución del proyecto.
Múltiples prórrogas sin cumplir
Comunitarios de sectores como La Riviera y El Nápoles aseguran que el Ministerio de Obras Públicas ha solicitado al menos cinco extensiones de plazo para finalizar la intervención. Ninguna de esas fechas ha sido respetada, alimentando el malestar general.
Los residentes señalan al director regional de Obras Públicas como el principal responsable de la falta de información y el incumplimiento sistemático.
Su silencio, dicen, solo ha contribuido a aumentar la tensión en las comunidades afectadas.
Preparan protestas
Ante la inacción de las autoridades, los moradores organizan una jornada de protesta para exigir la reanudación inmediata de los trabajos.
Consideran que la reconstrucción del puente no es una obra compleja y acusan al Estado de negligencia y desinterés.
El puente sobre el río Camú es vital para la conectividad de varios sectores y su cierre ha obligado a desvíos costosos y riesgosos, especialmente durante la temporada de lluvias.
Conductores, estudiantes y trabajadores se ven obligados a recorrer rutas alternas poco seguras.
Silencio oficial
Hasta el momento, ninguna autoridad local ni del Ministerio de Obras Públicas ha emitido declaraciones públicas sobre el motivo del retraso.
Esta falta de comunicación ha sido interpretada como una muestra de desprecio hacia las comunidades afectadas.
La comunidad de La Vega exige una solución definitiva y rápida, alegando que el remozamiento no requiere una inversión desproporcionada ni justifica el abandono prolongado al que han sido sometidos.
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