Dary Terrero
La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron un operativo en San Cristóbal que resultó en la incautación de vehículos y partes de motocicletas.
Durante la acción se encontraron dos pasolas y seis chasis sin documentación legal.
La operación se efectuó en el sector Doña Ana y en la calle Sánchez Vieja, área conocida por actividades ilícitas relacionadas con el robo y tráfico de motocicletas.
Las autoridades actuaron con firmeza para desarticular esta red delictiva.
Detalles del operativo
El allanamiento se ejecutó mediante la orden No. 01541-2025-AJOA-00763 en la residencia de José Luis Alcántara Montero, conocido como “Choper”.
Durante el operativo, los agentes identificaron que tres de los chasis presentaban numeración alterada o ilegible, lo que evidencia un claro intento de ocultar su procedencia.
La acción se realizó con la presencia activa de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim).
La magistrada Ana Mercedez Pichardo Puello, fiscal de San Cristóbal, supervisó personalmente la intervención y corroboró la validez de las pruebas recogidas en el lugar.
Resultados de la incautación
Los agentes incautaron dos pasolas y seis chasis, piezas fundamentales para el ensamblaje de motocicletas.
Se constató que la mayoría de estas piezas no contaban con la documentación requerida, lo que genera sospechas de un posible vínculo con actividades delictivas mayores.
Las piezas incautadas se trasladaron de inmediato a la Subdirección Regional de Investigación.
Esta medida ayudará a rastrear la procedencia de los componentes y a identificar a otros posibles actores involucrados en el tráfico ilegal de motocicletas.
Acciones contra el delito
El operativo en San Cristóbal forma parte de una estrategia mayor para combatir el robo y el tráfico ilícito de vehículos.
Las autoridades han intensificado la vigilancia en zonas de alto riesgo para frenar estas actividades delictivas que afectan la seguridad ciudadana y la economía local.
El director de la Policía Nacional afirmó que este operativo envía un mensaje claro a quienes participan en estas actividades ilegales.
La intervención busca desmantelar las redes que trafican piezas de motocicletas y mejorar la integridad del sistema de control vehicular en el país.
Repercusión en la comunidad
La comunidad de San Cristóbal ha mostrado su apoyo a las acciones policiales.
Vecinos y comerciantes consideran que el operativo es un paso necesario para recuperar la confianza en la seguridad pública y en el control aduanero de las piezas de vehículos.
Las autoridades llaman a la colaboración ciudadana para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de motocicletas y otros vehículos.
Este operativo es solo una muestra del compromiso del gobierno para combatir el crimen organizado en la región.
Investigación en curso
La investigación se encuentra en una fase avanzada.
Los fiscales trabajan en recabar todas las pruebas y en determinar el vínculo entre los chasis con numeración alterada y otros delitos conexos en el área.
Se espera que esta acción sirva como base para futuras detenciones y sanciones.
El caso se ha convertido en uno de los principales focos de atención de la Subdirección Regional de Investigación, que sigue buscando evidencia sobre el origen de los vehículos y la posible conexión con redes delictivas que operan en el sector.
Perspectivas futuras
Con la incautación de las piezas y la detención de “Choper”, las autoridades planean intensificar los operativos en San Cristóbal y otras zonas vulnerables.
La estrategia se orienta a desmantelar cualquier estructura criminal que facilite el robo y la comercialización de partes de motocicletas de manera ilegal.
Expertos en seguridad destacan la importancia de estas acciones para mejorar la transparencia en el comercio de vehículos y piezas, lo que podría generar un impacto positivo en la lucha contra el crimen organizado a nivel nacional.
La colaboración entre distintos organismos del Estado permite fortalecer la respuesta ante actividades delictivas que afectan la economía y la seguridad.
La respuesta rápida de la Policía Nacional y del Ministerio Público demuestra el compromiso del gobierno dominicano para proteger a sus ciudadanos.
Las autoridades confían en que este operativo será un precedente que impulse la implementación de medidas preventivas y represivas contra el tráfico ilegal de componentes vehiculares.
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