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El comunicador Ángel Martínez enfrenta una nueva querella por presunta difamación e injuria.
Esta vez, la denuncia fue presentada formalmente ante el Ministerio Público por la actual ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful Soriano.
La querella incluye la constitución de actor civil.
Esto implica que, además de buscar sanciones penales, la ministra solicita una compensación por daños y perjuicios.
Denuncia por difamación pública
De acuerdo con el documento sometido, Ángel Martínez habría emitido declaraciones que atentan contra la honra y la dignidad de Faride Raful.
Las palabras del comunicador, según la querella, fueron expresadas con intención de dañar la reputación de la funcionaria.
El expediente indica que los señalamientos carecen de pruebas.
Además, se alega que la información difundida por Martínez no cumple con criterios periodísticos responsables.
La ministra solicita a las autoridades una investigación exhaustiva.
Pretende que se sancione cualquier actuación que configure un delito contra su integridad moral.
Acción legal busca reparación
La constitución de actor civil representa un paso más allá de una simple denuncia penal.
Con esta figura, la parte querellante se involucra directamente en el proceso judicial.
Faride Raful busca no solo una condena penal, sino también una indemnización por los supuestos daños causados.
El equipo legal de la ministra sostiene que las declaraciones de Martínez han afectado su imagen pública.
El recurso legal fue depositado conforme al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal.
Los abogados argumentan que se ha vulnerado el derecho al honor y la buena reputación.
Preocupación por ataques sin fundamento
El caso se inscribe en un contexto de creciente preocupación por el uso irresponsable de los medios de comunicación.
En particular, se cuestiona la difusión de contenidos sin verificación adecuada.
La ministra ha sido enfática en su rechazo a los ataques personales carentes de veracidad.
Ha llamado a un ejercicio ético y riguroso del periodismo, especialmente en tiempos donde la desinformación puede dañar profundamente.
El Ministerio Público deberá ahora valorar los elementos presentados.
En caso de encontrar méritos suficientes, podría abrir una investigación formal contra el comunicador.
Posibles consecuencias legales
Si se demuestra la comisión de difamación e injuria, Ángel Martínez podría enfrentar sanciones penales y civiles.
La ley dominicana contempla penas de prisión y multas en casos de delitos contra el honor.
La querella de Faride Raful se suma a otras acciones legales recientes por temas similares.
Esto refleja una tendencia creciente a defender los derechos personales frente a ataques en medios digitales.
Hasta el momento, Ángel Martínez no ha emitido una respuesta pública a esta acusación.
Se espera que en los próximos días su equipo legal emita un pronunciamiento.
Mientras tanto, el caso continúa su curso en las instancias correspondientes.
La sociedad observa con atención el desenlace de este proceso que involucra a una figura pública de alto perfil.
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Dary Terrero
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