Dary Terrero
SANTO DOMINGO. El Ministerio Público depositará este jueves la solicitud de medida de coerción contra Aquiles Jiménez, quien permanece bajo arresto desde el pasado martes por presunta posesión de pertrechos militares.
La instancia será presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, según confirmaron fuentes judiciales vinculadas al proceso.
La detención de Jiménez ocurrió durante un operativo ejecutado por agentes policiales, luego de que se le señalara como presunto responsable de tener bajo su control armamento de uso restringido. Aunque las autoridades aún no han revelado detalles sobre la cantidad o el tipo de pertrechos, se presume que incluyen armas largas, municiones y chalecos tácticos.
Plazo vence este jueves a las 7:00 de la noche
Conforme establece la legislación dominicana, el Ministerio Público tiene un máximo de 48 horas para presentar cargos formales desde el momento de la detención. En este caso, el plazo vence a las 7:00 de la noche de este jueves.
De no realizarse la solicitud dentro de ese límite, las autoridades estarían obligadas a disponer la puesta en libertad del imputado por vencimiento del plazo legal.
Ministerio Público prepara expediente con evidencias
El expediente preparado por el órgano persecutor incluiría actas de incautación, declaraciones de testigos y evidencias recolectadas en allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Aquiles Jiménez.
Se espera que el Ministerio Público solicite prisión preventiva como medida de coerción, basando su petición en la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la presunta peligrosidad del imputado.
Jiménez será presentado en las próximas horas ante un juez, quien deberá decidir si acoge la solicitud y dicta la medida correspondiente.
Perfil del imputado bajo investigación
Aunque no se ha ofrecido información oficial sobre su historial, se investiga si Aquiles Jiménez tiene vínculos con estructuras criminales o si los pertrechos forman parte de alguna red de tráfico de armas.
El caso ha generado atención mediática debido a la naturaleza del armamento incautado y a la creciente preocupación por la circulación ilegal de equipos militares en sectores civiles.
La Procuraduría General de la República ha reiterado su compromiso con la persecución de delitos relacionados con la seguridad nacional y el porte ilegal de armas, especialmente aquellas de uso exclusivo de cuerpos armados del Estado.
– MÁS
– EXTERNO
Agregar comentario