Dary Terrero
El Ministerio Público aseguró este miércoles que la red de trata de personas desmantelada mediante la Operación Begonias pagaba sobornos de RD$1,000 a agentes policiales por cada mujer retenida ilegalmente en una vivienda del Ensanche Ozama, en Santo Domingo Este.
La organización criminal, según las investigaciones, operaba desde una casa ubicada en la calle Respaldo número 25, donde mantenían a decenas de mujeres extranjeras en condiciones de explotación sexual.
Más de 40 mujeres fueron rescatadas
Durante la operación, desarrollada por el Ministerio Público y la Policía Nacional tras varios meses de vigilancia, fueron rescatadas más de 40 mujeres, en su mayoría procedentes de Colombia.
Las víctimas eran traídas al país con promesas falsas de trabajo, para luego ser obligadas a prostituirse bajo vigilancia permanente.
Las autoridades confirmaron que ocho personas fueron arrestadas por su implicación directa en el caso.
Se les acusa de formar parte de una estructura dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, asociación de malhechores, lavado de activos y corrupción.
Corrupción policial como engranaje clave
Según el expediente, algunos policías actuaban como cómplices, recibiendo pagos a cambio de no intervenir en las operaciones de la red.
Los investigadores determinaron que los pagos de RD$1,000 por víctima retenida permitían mantener el control de la casa sin interferencias oficiales.
Esta revelación agrava el caso, al vincular elementos de la fuerza pública con una estructura de crimen organizado internacional que operaba impunemente desde territorio dominicano.
Medida de coerción fue aplazada
La jueza Karen Calzado Minyeti, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este, aplazó para el viernes a las 2:00 p.m. la audiencia donde se conocerá la solicitud de medidas de coerción contra los ocho imputados.
El Ministerio Público busca imponer prisión preventiva como medida cautelar, argumentando la gravedad de los hechos, la complejidad de la red y el peligro de fuga de los implicados.
Red transnacional y vigilancia de inteligencia
Las autoridades indicaron que se trató de una operación coordinada que incluyó vigilancia electrónica, seguimiento de transacciones financieras, interceptaciones legales y entrevistas a testigos protegidos.
El Ministerio Público reiteró que este caso representa una muestra del compromiso institucional para enfrentar la trata de personas, al tiempo que llamó a fortalecer la vigilancia sobre el comportamiento de los agentes del orden.
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