Dary Terrero
SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público recusó a la jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, Katherine Rubio, por supuestamente favorecer de forma irregular a los condenados por el escandaloso fraude del quebrado Banco Peravia, al reducirles multas antes de celebrarse la audiencia de ejecución de la sentencia.
La medida fue tomada durante la audiencia del jueves 22 de mayo, cuando los fiscales se enteraron de que, siete días antes, la magistrada había emitido un Auto que beneficiaba a los sentenciados.
MP denuncia decisiones administrativas previas a audiencia
Según la fiscal Andry De Los Santos, titular de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), la jueza decidió de manera administrativa aspectos esenciales del fallo judicial, lo cual violenta el debido proceso.
La jueza habría reducido el monto de las multas impuestas a los condenados por defraudar a cientos de ahorristas del Banco Peravia, en una de las estafas financieras más graves del país en la última década.
Los fiscales afirman que esta acción fue tomada sin esperar el desarrollo formal de la audiencia, en la cual se debatirían los términos de ejecución de la sentencia definitiva.
Detalles de los condenados y sus penas
Entre los condenados figuran Nelson Serret Sugrañez y Yesenia Serret Aponte, quienes deberán cumplir siete años de prisión cada uno.
También se les impuso el pago de dos millones de pesos en concepto de multa, por delitos como estafa, abuso de confianza, uso de documentos falsos y violación a la Ley Monetaria y Financiera.
En tanto, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez recibieron condenas de tres años de prisión y multas de un millón de pesos. Paucides Donato Morales Rodríguez también figura entre los procesados.
Todos ellos fueron encontrados culpables de participar en una estructura criminal que operó al interior del desaparecido Banco Peravia, captando fondos de manera fraudulenta y causando millonarias pérdidas a sus clientes.
Decisión de la Suprema Corte dio firmeza a la condena
El proceso judicial había alcanzado su punto final tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ratificó de manera definitiva las penas dictadas en distintas instancias judiciales.
A raíz de esa decisión, la Unidad de Captura ejecutó órdenes de arresto contra los implicados, logrando llevarlos nuevamente ante la jurisdicción correspondiente para cumplir con las sanciones establecidas.
La recusación de la jueza Rubio se fundamenta en lo que el Ministerio Público considera una actuación parcial que podría comprometer la legalidad de la ejecución de la sentencia.
Reacciones y expectativas
La actuación del Ministerio Público ha generado atención en la opinión pública, particularmente entre los afectados por la quiebra del Banco Peravia, quienes por años han reclamado justicia.
Desde distintos sectores jurídicos se ha solicitado que el Consejo del Poder Judicial examine el accionar de la magistrada, por entender que decisiones administrativas que favorezcan a condenados deben ser siempre debatidas en audiencia pública y con la participación activa del órgano acusador.
Se espera que en los próximos días se designe un nuevo juez para continuar el proceso de ejecución de la sentencia, mientras avanza la investigación sobre las actuaciones previas al 22 de mayo.
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