Dary Terrero
El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, reveló que la tercera modificación contractual entre esa entidad y la empresa PagoRD Exchange S.R.L. fue firmada en julio de 2024 por el entonces director del INTRANT y actual titular del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Randolfo Rijo.
Según Morrison, esa tercera adenda proyectaba una deuda futura de más de RD$900 millones, basada en supuestos servicios que aún no habían sido ejecutados ni presupuestados.
La firma de dicha modificación contractual, indicó, se produjo semanas antes de su designación en el cargo y sin que existieran garantías técnicas, legales ni financieras que justificaran tal compromiso del Estado.
Irregularidades detectadas tras su llegada al INTRANT
Morrison aseguró que, al asumir la dirección del INTRANT en septiembre de 2024, encontró una estructura financiera debilitada, sin controles claros de conciliación bancaria, lo que permitió —según sus palabras— que se acumularan obligaciones dudosas con la empresa PagoRD.
“Al revisar los documentos, me encontré con una adenda que fue firmada por el anterior director, proyectando una deuda multimillonaria, sin respaldo de ejecución, cantidad o precio definidos. Esa firma fue del señor Randolfo Rijo”, afirmó el funcionario.
Supuestos vínculos y presiones indebidas
Durante una entrevista para el programa Nuria: Investigación Periodística, Morrison también mencionó que le fue revelado, por el abogado Rogelio Oruña, que el nombre de José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochy Gómez, estaría vinculado con la empresa PagoRD Exchange S.R.L., aunque no figura como socio formal. Indicó que Oruña conocía esta situación desde hace años, pero nunca la denunció.
Además, Morrison denunció que recibió presiones y ofertas económicas para extender nuevamente el contrato a través de una cuarta adenda.
Las propuestas, según explicó, incluían el pago inicial de RD$24 millones en efectivo, y RD$2 millones adicionales por cada mes de extensión contractual.
Suspensión de pagos y solicitud de auditoría
Como medida inmediata, Morrison suspendió los pagos a la empresa desde el 12 de diciembre de 2024 y solicitó una auditoría completa del contrato.
También recurrió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para solicitar un consultor especializado en licitaciones públicas con el objetivo de diseñar un proceso competitivo y transparente.
Durante ese proceso, afirmó haber sido objeto de chantajes y regalos dirigidos a funcionarios de su equipo financiero.
En uno de los casos, sus colaboradores recibieron vinos acompañados de dinero en efectivo, lo que fue devuelto de inmediato.
“Yo vine al Estado a servirle al país con transparencia, y no voy a avalar irregularidades ni negociaciones turbias”, subrayó.
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