Dary Terrero
El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, denunció que la Procuraduría General de la República (PRG) no ha transferido al INTRANT el 25% de los recursos provenientes de las multas de tránsito, tal como lo establece la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Falta de recursos afecta operatividad
Morrison explicó que, según la normativa vigente, la PRG recibe el 100% de las recaudaciones por concepto de multas de tránsito.
De este total, el 75% le corresponde a la Procuraduría para cubrir las sanciones y procesos judiciales, mientras que el 25% debe ser transferido al INTRANT para fortalecer la fiscalización y operatividad del sistema de tránsito en el país.
Sin embargo, afirmó que, a pesar de llevar siete meses en el cargo, no ha recibido el porcentaje que por ley le corresponde al INTRANT.
Esta situación ha limitado la capacidad de la entidad para contratar personal, mejorar la operatividad y adquirir equipos esenciales para la regulación del tránsito.
DIGESETT con recursos limitados
Morrison también alertó sobre las dificultades que enfrenta la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la cual no cuenta con grúas suficientes para remover vehículos en infracción.
Señaló que, sin los fondos adecuados, la fiscalización del tránsito se ve afectada, lo que incrementa el desorden vial en el país.
“La DIGESETT es el órgano operativo encargado de hacer cumplir la ley en las calles, pero si no tiene recursos suficientes, no puede realizar su labor de manera eficiente. Es fundamental que los fondos de las multas sean distribuidos de acuerdo con lo que establece la Ley 63-17 para garantizar un sistema de tránsito más organizado y seguro”, manifestó Morrison.
Propuesta de modificación de la ley
Ante esta problemática, Morrison planteó la necesidad de modificar la legislación para que los organismos fiscalizadores cuenten con recursos propios y no dependan de la discrecionalidad de otras instituciones.
Destacó que, sin una distribución equitativa de los fondos, la operatividad de las entidades responsables del tránsito se ve seriamente afectada.
Además, solicitó a la procuradora general, Miriam Germán Brito, su intervención para implementar los montos reales correspondientes a las infracciones de tránsito, según lo establece la ley vigente.
Indicó que es necesario aplicar la normativa en su totalidad y, de ser necesario, reformarla para garantizar su cumplimiento efectivo.
“Tenemos que tomar decisiones importantes en República Dominicana para reducir los accidentes de tránsito y mejorar la movilidad. Es imperativo que los fondos se asignen de manera correcta y que se fortalezca la institucionalidad en materia de tránsito”, concluyó Morrison.
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