Las diputadas Liz Mieses y Carmen Ligia Barceló presentaron un proyecto de ley para establecer el sistema de Alerta AMBER en la República Dominicana.
Objetivo del proyecto
El propósito es coordinar esfuerzos entre las instituciones del Estado, medios de comunicación y la ciudadanía.
La Alerta AMBER se activaría ante casos de secuestro o desaparición de menores y personas con discapacidad, permitiendo una difusión inmediata de información.
Importancia del sistema
Liz Mieses destacó la necesidad de implementar este mecanismo, efectivo en otros países.
«Es nuestra responsabilidad legislar en favor de quienes no pueden defenderse», afirmó.
Un marco legal necesario
Carmen Ligia Barceló enfatizó que la ley garantizaría la activación inmediata de la alerta.
«Queremos que las autoridades actúen con rapidez y eviten tragedias», señaló.
Proceso legislativo
El proyecto será evaluado en el Congreso Nacional, donde se espera un respaldo significativo.
Su aprobación representaría un gran avance en la protección de los derechos de los más vulnerables.
¿Qué es la Alerta AMBER?
La Alerta AMBER es un sistema de notificación de emergencia utilizado para la búsqueda y localización de menores de edad desaparecidos o víctimas de secuestro. Se activa cuando las autoridades determinan que un niño está en peligro inminente, permitiendo una difusión inmediata de la información a través de medios de comunicación, redes sociales y sistemas de mensajería.
Origen y funcionamiento
El sistema fue creado en 1996 en Estados Unidos tras el secuestro y asesinato de Amber Hagerman, una niña de 9 años. Su caso inspiró la implementación de un protocolo que involucra a policía, medios de comunicación y ciudadanos para aumentar las posibilidades de recuperación en las primeras horas críticas.
¿Cómo se activa?
Para activar una Alerta AMBER, generalmente se deben cumplir ciertos criterios:
- Confirmación de una desaparición o secuestro.
- Evaluación del peligro inminente para el menor.
- Solicitud de ayuda inmediata a la ciudadanía.
Expansión internacional
Su implementación en República Dominicana facilitaría una respuesta rápida ante desapariciones y fortalecería la protección de los menores.
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