Dary Terrero
Santo Domingo, R.D. – El expresidente de la República, Leonel Fernández, fijó posición este martes en torno al reciente comunicado de la Junta Central Electoral (JCE), que prohíbe a los partidos políticos colocar vallas publicitarias o realizar actividades de campaña antes de la fecha prevista en el calendario electoral.
El líder político consideró que la disposición carece de sustento jurídico, ya que, a su entender, el organismo comicial dejó fuera un aspecto esencial en su argumentación.
Crítica a la fundamentación jurídica
Fernández explicó que la JCE basó su decisión en artículos que fueron anulados por el Tribunal Constitucional en precedentes anteriores.
Afirmó que la jurisprudencia establece un criterio distinto al adoptado por la institución electoral, lo que, según él, convierte la medida en una limitación que no se corresponde con el marco legal vigente.
El exmandatario cuestionó que no se mencionara en la resolución el alcance de esa jurisprudencia, la cual, a su juicio, garantiza un mayor nivel de libertad política en los períodos previos al inicio formal de la campaña.
Debate político en torno a la campaña
La resolución de la JCE ha generado reacciones diversas en el escenario político dominicano. Algunos sectores la respaldan como un intento de ordenar los tiempos y evitar el proselitismo anticipado, mientras otros, como Fernández, sostienen que la institución no puede desconocer las decisiones del Tribunal Constitucional.
El tema se suma al debate sobre la equidad en la competencia electoral y el control de los recursos en los procesos de campaña, elementos que han sido cuestionados por partidos de oposición en los últimos meses.
Llamado a la coherencia institucional
Fernández insistió en que la JCE debe actuar con apego estricto a la Constitución y a las sentencias del Tribunal Constitucional, para evitar decisiones que puedan ser interpretadas como arbitrarias o restrictivas.
Recordó que las instituciones tienen la obligación de garantizar un proceso electoral transparente y equilibrado, en el que se respeten los derechos de todos los actores políticos.
El señalamiento del exmandatario alimenta la discusión sobre la legalidad de la resolución y pone a la JCE en el centro de la atención pública en momentos en que se acerca un nuevo ciclo electoral.
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