Dary Terrero
Santo Domingo.- La jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la obtención de informe financiero respecto a una investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.
La magistrada Kenya Romero ordenó a la superintendencias de Bancos, de Valores, de Seguro, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (IDECOOP) proveer al director del Pepca, Wilson Camacho, los reportes e informes de los productos financieros, así como todas las informaciones tributarias.
En la autorización, la jueza fija como plazo de vigencia para ejecutar la orden judicial de 60 días a partir del 23 de agosto pasado y establece que incluye todas las informaciones que sobre estos existan en el sistema financiero de las entidades supervisadas por estos, tales como movimientos de todo tipo de cuentas y productos, entre otros, relativas a pagos y exención de impuestos relacionadas con 209 personas físicas y jurídicas.
El Ministerio Público investiga al ex ministro de Hacienda, Guerrero, por los “tipos penales preliminares” de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.
Implicados
La investigación abarca a los exfuncionarios Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Luis Miguel Piccirillo Mccabe, y Domingo Enrique Martínez Reyes, exmiembro del Consejo Estatal del Azúcar.
Igualmente, Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del Banco de Reservas, Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector general de Presupuestos; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de exmiembros de la dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios de instituciones públicas que eran subordinados al Ministerio de Hacienda.
Asimismo, se identificaron empleados que presuntamente tuvieron participación en los hechos, tal es el caso de Hortensia Arelis Santiago, exanalista de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda; Belkis Tejada Ramírez, exdirectora jurídica de la Bienes Nacionales, quien a la vez era responsable de registro y análisis; Rolando Méndez Morillo, agrimensor de Deuda Administrativa; Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, quien desempeñó funciones de agrimensor de Deuda Pública, siendo oficialmente el coordinador del Plan Nacional de Titulación de la Dirección de Bienes Nacionales, quien se desempeñaba como asesor de esa entidad.
También se menciona a Rafael Geraldo Collado Ventura, agrimensor de Bienes Nacionales; María Altagracia de la Rosa Hidalgo, encargada de auditoría interna de la Contraloría General de la República; Príamo Jiménez Toribio, auditor de la contraloría; William Antonio Castillo, soporte administrativo de la División de reconocimiento de deudas administrativas; Joaquín Ernesto Tavares Cabral, agrimensor de la división de reconocimiento de deuda administrativa; Wilma Esmeralda Rosario Santana, abogada de esa división.
Modus Operandi
El modus operandi consistía en que bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para entonces Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de RD$19, 653, 871,513.80 por concepto de acuerdos transaccionales. Conforme con la pesquisa, han identificados que lograron sustraer RD$17, 300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en área protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas.
Refiere el Ministerio Público que el elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de créditos por más de diez mil quinientos millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndose inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco.
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