SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Interior y Policía recibió un nuevo lote de 218 armas de fuego y 5,820 municiones decomisadas por la Fiscalía del Distrito Nacional, como parte de un operativo permanente conjunto con el Ministerio Público para sacar de circulación armas ilegales utilizadas en actos delictivos.
La entrega fue encabezada por la ministra Faride Raful junto a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, como parte de la estrategia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia que desarrolla el Gobierno.
Más de 1,700 armas recuperadas desde febrero
Con este nuevo lote, el Ministerio de Interior y Policía suma 1,704 armas de fuego y 19,856 municiones recibidas desde febrero de este año, producto de confiscaciones en allanamientos, operativos especiales y procesos judiciales liderados por la Fiscalía y la Policía Nacional.
“Seguimos sacando armas de las calles como una forma directa de reducir la violencia, evitar homicidios y salvar vidas”, expresó la ministra Raful durante la actividad.
Entrega voluntaria y decomisos judiciales
Raful también destacó que el ministerio continúa promoviendo programas de entrega voluntaria de armas ilegales, lo que permite a ciudadanos deshacerse de armamentos no registrados sin consecuencias penales, con el objetivo de fomentar una cultura de paz.
“Este esfuerzo salva vidas y devuelve la tranquilidad a nuestras comunidades. Es una apuesta a la prevención, no solo a la represión”, sostuvo.
Compromiso interinstitucional
Por su parte, la fiscal Rosalba Ramos reafirmó el compromiso del Ministerio Público de seguir colaborando en todos los niveles con las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, asegurando que la recuperación de armas ilegales es un paso clave para evitar que reincidan en delitos violentos.
Ambas funcionarias reiteraron que los operativos se mantendrán de forma constante y con mayor alcance, especialmente en sectores donde se han registrado altos índices de criminalidad.
Política de desarme con enfoque integral
El Gobierno ha reiterado en múltiples ocasiones su intención de fortalecer la política de desarme voluntario y control de armas, integrando a la sociedad civil, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias como parte de una estrategia de seguridad más amplia e inclusiva.
La recepción y destrucción sistemática de armas ilegales forma parte del componente preventivo del plan nacional de seguridad, que busca impactar directamente en la reducción de hechos violentos.








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