Interior y Policía informa registro de armas en manos de civiles asciende a 243,785 en el país

Desde 2020, el número de armas registradas en manos de civiles ha aumentado en la República Dominicana, alcanzando un total de 243,785, según informó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante la firma de una hoja de ruta con la OEA y países de Centroamérica para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego.

Raful indicó que en 2020 había aproximadamente 230,000 armas registradas en manos de civiles, según datos de Interior y Policía. Sin embargo, la entidad aún no dispone de cifras sobre la cantidad de armas ilegales que circulan en el país.

El acuerdo firmado busca fortalecer estrategias para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos.

Medidas para regular y controlar las armas

Ante el incremento en el registro de armas, el Gobierno ha replanteado la modernización de su sistema de control y ha impulsado medidas para el desarme de la población.

“República Dominicana se compromete, no solamente con esta hoja de ruta, sino con la elaboración del plan de acción, de manera inmediata. Esto es una prioridad para nuestro país. Nuestro compromiso es un compromiso regional para preservar la seguridad de nuestros ciudadanos, evitar el trasiego, el contrabando y la violencia que nos afecta”, afirmó Raful.

Entre las acciones implementadas, mencionó la creación de un reglamento para la ley de armas, un acuerdo con el Ministerio de Defensa para delimitar responsabilidades en la regulación y la creación de un sistema de perisología más organizado.

Además, anunció que en las próximas semanas se firmará un acuerdo con la Dirección General de Aduanas, el Ministerio Público y el Ministerio de Defensa para reforzar la lucha contra el contrabando de armas por vía aérea.

Cooperación regional para frenar el tráfico ilegal

Iván Márquez, secretario de seguridad multidimensional de la OEA, explicó que este esfuerzo es resultado de dos años de trabajo y consenso con Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. La iniciativa busca fortalecer la cooperación para hacer frente al tráfico ilícito de armas en los próximos diez años.