Dary Terrero
Montecristi. – Un operativo encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y la Armada Dominicana, culminó con la incautación de un cargamento ilegal de más de 60,000 cigarrillos transportados a bordo de una embarcación oficial, frente al Cayo Rata, en la provincia Montecristi.
Durante la intervención, realizada el lunes 24 de junio, fueron arrestadas tres personas que tripulaban la nave.
Dos de los detenidos están vinculados al Ministerio de Medio Ambiente y uno es miembro activo de la Armada asignado al SENPA.
Embarcación oficial usada para contrabando
Las autoridades informaron que la embarcación utilizada para el ilícito pertenece al propio Ministerio de Medio Ambiente, lo que agrava la gravedad del caso.
El uso de bienes públicos para actividades ilegales ha generado indignación en diversos sectores, que exigen una investigación profunda y sanciones ejemplares.
El contrabando de cigarrillos constituye una violación a la Ley General de Aduanas y representa un importante golpe a los controles fronterizos.
En esta ocasión, el cargamento se componía de más de 60,000 unidades de cigarrillos de procedencia extranjera, que eran transportadas por mar para eludir los controles terrestres.
Ministerio Público investiga responsabilidades
El caso fue puesto inmediatamente en manos del Ministerio Público, que ya ha iniciado las pesquisas para determinar el nivel de implicación de los detenidos y si existen otros funcionarios o cómplices involucrados en la red de contrabando.
Fuentes ligadas a la investigación aseguran que se examina si este es un hecho aislado o si responde a un patrón más amplio de corrupción institucional.
Los implicados permanecen bajo custodia, mientras avanzan los interrogatorios y el análisis de evidencias.
Medio Ambiente y SENPA reafirman compromiso
A través de un comunicado, el Ministerio de Medio Ambiente reiteró su política de tolerancia cero frente a cualquier forma de corrupción o delito cometido por servidores públicos.
La institución aseguró que colaborará plenamente con la justicia para que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Por su parte, el SENPA, responsable de la vigilancia ambiental y control de ilícitos en zonas protegidas, también expresó su apoyo a las investigaciones y reafirmó que no protegerá a ningún agente que traicione la confianza depositada por el Estado.
Llamado a reforzar controles
Este caso reabre el debate sobre la debilidad de los controles institucionales y la necesidad de aplicar mayores medidas de supervisión sobre el uso de recursos públicos, especialmente en zonas fronterizas y costeras.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han reclamado auditorías internas y sanciones ejemplares, advirtiendo que el contrabando no solo afecta la recaudación fiscal, sino que además facilita otras formas de crimen organizado.
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