Dary Terrero
SANTO DOMINGO. El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado por el asesinato de Yolanda Handal Abugabir y por causar heridas graves a otras cinco personas, en un sangriento suceso ocurrido en el residencial Naco Dorado IV, en el sector El Naco.
La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en Higüey, por disposición del tribunal, que consideró que dicho recinto cuenta con una unidad especializada para personas con condiciones de salud mental, aspecto que fue citado por la defensa del acusado durante la audiencia.
Ministerio Público logró prisión preventiva
El magistrado Sena acogió la solicitud del Ministerio Público, que solicitó la medida más severa de coerción contra el joven Pumarol Fernández, acusado formalmente de homicidio voluntario y tentativa de homicidio agravado, luego de que el pasado 24 de julio presuntamente atacara con un arma blanca a seis personas, incluyendo a su propio padre, Guillermo Ramón Pumarol Castellanos.
Según el expediente acusatorio, el imputado habría actuado de manera violenta y repentina, causando la muerte de Handal Abugabir con múltiples estocadas, para luego herir a los demás presentes en el lugar, incluyendo residentes del mismo condominio, algunos de los cuales aún permanecen hospitalizados en condición crítica.
Condiciones mentales bajo evaluación
Durante la audiencia, los abogados de la defensa alegaron que Jean Andrés presenta trastornos mentales diagnosticados previamente, lo que habría influido en su comportamiento el día del ataque.
No obstante, el juez Sena consideró que esas condiciones no invalidaban la necesidad de imponer prisión preventiva ante el riesgo de fuga y la gravedad del hecho imputado.
El tribunal también dispuso que el imputado sea sometido a evaluaciones psiquiátricas mientras cumple la medida en Anamuya.
Impacto social y reacciones
El caso ha generado una ola de conmoción en la sociedad dominicana debido a lo sorpresivo y violento del hecho, así como por el perfil de las víctimas y el entorno residencial donde ocurrió la tragedia.
Familiares de Yolanda Handal han exigido justicia y que el caso se maneje con la mayor rigurosidad posible, sin permitir atenuantes por razones de salud mental sin comprobación científica sólida.
La fiscalía aseguró que continuará profundizando en las investigaciones para sustentar la acusación y determinar si existió premeditación o si el ataque respondió a una crisis psiquiátrica.
La próxima audiencia de revisión de medida de coerción fue fijada para el mes de octubre, mientras la Fiscalía y la defensa esperan los resultados de las evaluaciones forenses.
Redacción DT
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