Dary Terrero
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medida de coerción de presentación periódica contra Aquiles Jiménez Fernández, acusado de portar ilegalmente un chaleco antibalas de uso militar, sin autorización ni documentación válida.
El juez Rigoberto Sena ordenó que el imputado se presente el día 30 de cada mes ante el Ministerio Público, tras ser arrestado en flagrante delito el pasado 22 de julio en el exclusivo sector de Piantini.
Arresto ocurrió en Piantini
Según la acusación formal, el arresto fue ejecutado alrededor de las 7:00 de la noche, en la intersección de la avenida Federico Geraldino con la calle Porfirio Herrera.
Agentes de la Policía Nacional detectaron un vehículo BMW 430 XL, negro, de dos puertas y con placa oficial OC046001, que circulaba de manera sospechosa.
Al intentar depurar la placa en el sistema policial, esta no arrojó resultados, lo que motivó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva.
El conductor, identificado como Aquiles Jiménez Fernández, alegó que el vehículo había sido importado desde Miami por la empresa Dulce Auto Import Export, pero no presentó documentación que respaldara su versión ni la propiedad del automóvil.
Portaba chaleco antibalas y carnet vencido
Durante el registro del vehículo, los agentes encontraron en el asiento trasero un chaleco antibalas negro, marca Point Blank, con número de serie HL6M080MFT.VKA.48.R y código de barra 12519278. El objeto no tenía documentación legal ni permisos de portación.
Además, se halló un carnet vencido desde mayo de 2024 perteneciente a una agencia de inteligencia auxiliar del Ministerio de Defensa, lo que agravó las sospechas sobre la legitimidad del porte del pertrecho.
Fiscalía califica el hecho como grave
El fiscal José Martínez, del Departamento de Criminalidad y Delitos contra la Persona (Homicidios), sometió la instancia acusatoria al tribunal calificando el hecho como porte ilegal de pertrechos militares, en violación del artículo 70 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de prisión y multas que pueden alcanzar los 200 salarios mínimos del sector público, cuando se trate de materiales de uso restringido como chalecos balísticos de grado militar.
Ministerio Público continuará investigaciones
Aunque el tribunal no acogió la solicitud de prisión preventiva, el Ministerio Público continuará con las investigaciones a fin de determinar si el imputado pertenece a alguna estructura relacionada con actividades ilícitas y si ha habido falsificación de documentos o usurpación de funciones.
El caso ha generado atención por tratarse de un vehículo con placa oficial y la portación de pertrechos sin justificación, elementos que serán claves durante la fase de instrucción del proceso judicial.
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Redacción DT
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