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En República Dominicana, las exoneraciones fiscales para la importación de vehículos son un tema que ha generado amplias discusiones.
Aunque el foco mediático suele centrarse en funcionarios, legisladores, diplomáticos o grandes concesionarios, hay un sector menos visible que también se beneficia ampliamente.
Los datos oficiales muestran que las iglesias ocupan un lugar destacado entre los grupos que reciben estos privilegios tributarios.
Un beneficio poco conocido
Lejos de la opinión pública y de los titulares comunes, las iglesias han conseguido importar vehículos sin pagar impuestos gracias a exoneraciones autorizadas por ley.
Este beneficio les permite adquirir automóviles, camionetas y autobuses a nombre de sus instituciones, lo que reduce significativamente sus costos.
La práctica está amparada en disposiciones legales que reconocen a las entidades religiosas como organizaciones sin fines de lucro, con derecho a ciertos incentivos fiscales.
Cifras que llaman la atención
Según informes recientes de la Dirección General de Aduanas, las iglesias figuran entre los sectores no gubernamentales con mayor número de vehículos importados sin carga tributaria.
Estas cifras han generado reacciones mixtas. Mientras algunos defienden el derecho de estas entidades a contar con medios de transporte para sus labores pastorales y comunitarias, otros cuestionan la falta de fiscalización sobre el uso real de los vehículos.
También se ha advertido sobre posibles desviaciones del beneficio, como el traspaso o uso personal de los automóviles exonerados.
El marco legal que lo permite
Las leyes dominicanas otorgan a las iglesias el estatus de organizaciones exentas de ciertos tributos, como el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y aranceles aduaneros.
Esta condición les permite gestionar exoneraciones ante los organismos correspondientes, como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Ministerio de Hacienda.
En teoría, el objetivo es facilitar sus actividades sociales, religiosas y comunitarias, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.
Falta de transparencia y regulación
Uno de los principales cuestionamientos es la escasa supervisión posterior a la concesión de la exoneración.
No existe un mecanismo eficaz que asegure que los vehículos importados se utilicen exclusivamente para fines institucionales.
Expertos en política fiscal sugieren una revisión de este esquema de incentivos, con mayor control y transparencia para evitar abusos.
También proponen establecer límites o requisitos más estrictos, como la obligación de presentar informes anuales de uso.
Debate sobre equidad fiscal
El acceso de las iglesias a estos privilegios ha reavivado el debate sobre la equidad del sistema tributario dominicano.
Mientras miles de ciudadanos pagan elevados impuestos por importar vehículos o adquirirlos en el mercado local, algunas entidades religiosas reciben un trato preferencial que no siempre se traduce en beneficio colectivo.
Organizaciones de la sociedad civil han comenzado a exigir una revisión general del sistema de exoneraciones, con el fin de garantizar una distribución más justa y eficiente de los recursos fiscales.
Algunos proponen que las exoneraciones se limiten a vehículos utilitarios y se excluyan los de lujo, con el fin de evitar distorsiones y posibles irregularidades.
En definitiva, aunque legalmente justificado, el acceso de las iglesias a las exoneraciones fiscales plantea interrogantes sobre la equidad y el uso responsable de estos incentivos.
Una discusión necesaria en un país donde la presión tributaria sigue siendo baja y las demandas sociales, cada vez mayores.
–MÁS
Dary Terrero
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