En teoría, la adquisición de los aviones Super Tucano ayudaría a arrebatar el control del espacio aéreo, marítimo y terrestre de las manos del narcotráfico; serían usadas en misiones de seguridad nacional y patrullaje de la frontera, pero esta compra devino en un escándalo de corrupción llevado ante los tribunales, cuyo desenlace está previsto para conocerse este lunes mediante sentencia.
La investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sentó ante el banquillo de los acusados al exministro de Defensa, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las empresas 4D Business Group y Magycor.
Estos están implicados en los sobornos que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) admitió haber pagado a funcionarios del gobierno dominicano (gestión de Leonel Fernández) para facilitar y asegurar un contrato para la compra de ocho aeronaves Super Tucano. El cohecho, según Embraer, se ejecutó entre 2008 y 2010.
Aunque los investigadores revelaron que se repartieron sobornos a senadores para agilizar la aprobación del proyecto de préstamo depositado por el Poder Ejecutivo de entonces para adquirir los Tucanos, ningún legislador fue formalmente acusado en el caso.
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