Dary Terrero
Un ciudadano denunció mediante un video difundido en redes sociales que fue víctima de torturas físicas y psicológicas por parte de agentes de la Policía Nacional en el municipio de San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.
Según su testimonio, los hechos ocurrieron tras ser detenido sin orden judicial, y posteriormente llevado a un destacamento donde presuntamente fue golpeado, amenazado y obligado a firmar documentos bajo coacción.
Golpizas y amenazas durante la detención
El denunciante, cuya identidad no ha sido revelada por motivos de seguridad, aseguró que los uniformados lo esposaron y lo agredieron en diferentes partes del cuerpo mientras le exigían información relacionada con un hecho delictivo.
En el video, muestra marcas visibles de moretones y lesiones que, según dice, fueron provocadas durante su tiempo bajo custodia.
“La Policía me agarró, me llevó para el destacamento y me dio golpes sin preguntarme nada. Me decían que hablara, pero yo no sabía de qué me hablaban. Me hicieron firmar papeles sin leerlos”, relató en la grabación que ha generado preocupación entre los usuarios en línea.
Reclamo de justicia y actuación de las autoridades
El hombre solicitó la intervención inmediata del Ministerio Público y organismos de derechos humanos, afirmando que teme por su vida y la de su familia tras hacer pública la denuncia.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un comunicado oficial respondiendo a las acusaciones.
Sin embargo, organizaciones sociales y activistas han exigido una investigación urgente e imparcial sobre el caso, alegando que hechos como este reflejan un patrón de abuso de poder en ciertos destacamentos del país.
Contexto y antecedentes
Las denuncias por supuestos maltratos en destacamentos policiales en la República Dominicana no son nuevas.
En años recientes, diversas ONGs han documentado casos similares en los que personas arrestadas alegan haber sido torturadas o maltratadas bajo custodia.
El Defensor del Pueblo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han exhortado en ocasiones anteriores a reformar los protocolos de detención, garantizando el respeto al debido proceso y la integridad física de los ciudadanos.
Llamado a una reforma profunda
Este nuevo caso en el municipio de Guerra vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de una reforma estructural en los cuerpos de seguridad del país.
Diversos sectores demandan la instalación de cámaras en los destacamentos, supervisión externa de los procesos de detención y sanciones ejemplares a los agentes involucrados en abusos.
La ciudadanía y los familiares del denunciante esperan respuestas claras por parte de las autoridades y garantías de que no habrá represalias contra quien se atrevió a hablar.
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