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En las cárceles de República Dominicana hay actualmente más de 25 mil internos, a pesar de que su capacidad máxima es de solo 15 mil 200.
Este exceso de más de 9 mil personas representa una presión insostenible para el sistema penitenciario nacional.
De acuerdo con datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onapre), este hacinamiento genera no solo condiciones inhumanas para los privados de libertad, sino también un alto costo para el Estado.
Medidas económicas impiden la libertad de cientos
Entre los internos, 339 están recluidos por medidas de coerción que requieren el pago de fianzas de entre 500 y 20 mil pesos dominicanos.
Estas personas, que aún no han sido condenadas, podrían esperar sus juicios en libertad. Sin embargo, continúan encerradas por no disponer del dinero que les exige el sistema judicial.
El director de Onapre, Roberto Santana, explicó que estos 339 casos podrían resolverse con una suma global de tres millones 261 mil pesos.
En cambio, su mantenimiento en prisión le cuesta al Estado más de 15 millones de pesos cada mes, en gastos de alimentación, servicios, custodia y salud.
64% de los presos aún no ha sido condenado
El panorama se agrava aún más cuando se considera que el 64% de la población carcelaria está en prisión preventiva.
Es decir, más de la mitad de los reclusos están a la espera de un juicio que determinará su culpabilidad o inocencia.
La gran mayoría de estos internos podrían permanecer en libertad bajo condiciones que no impliquen reclusión física.
Esta situación, según Juan Dionicio Restituyo, encargado de justicia de Onapre, refleja una grave ineficiencia del sistema judicial.
Reclusos duermen en el suelo y en baños
Uno de los aspectos más alarmantes del informe de Onapre es la revelación de que más de 4 mil presos duermen en el suelo o en los baños.
Roberto Santana lo calificó como una “vergüenza nacional”, que atenta contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.
Estas condiciones también afectan la salud mental y física de los internos, muchos de los cuales no tienen acceso regular a atención médica.
Revisión del sistema judicial y penitenciario
Desde Onapre se aboga por una revisión profunda de las políticas judiciales y carcelarias.
Proponen establecer mecanismos más eficaces para que los imputados de delitos menores puedan cumplir sus procesos en libertad.
Esto no solo aliviaría la sobrepoblación en los recintos penitenciarios, sino que también reduciría significativamente los gastos del Estado.
Además, se propone implementar sistemas tecnológicos para el seguimiento de los acusados, como brazaletes electrónicos o medidas de presentación periódica.
Impacto económico y social del hacinamiento
El costo económico del hacinamiento es considerable, pero también lo es el impacto social.
Familias enteras sufren al ver a sus parientes privados de libertad sin una sentencia definitiva.
El estigma y la exclusión posterior agravan los niveles de pobreza y desigualdad en el país.
Abogados y organizaciones de derechos humanos han pedido con urgencia que se reformen las medidas de coerción que impiden la libertad por razones puramente económicas.
El problema carcelario en República Dominicana no se resuelve solo construyendo más cárceles, sino garantizando justicia y equidad desde el inicio del proceso penal.
–MÁS
Dary Terrero
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