Redacción DT
El presidente Luis Abinader promulgó este martes la Ley 98-25, una normativa que introduce modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, con el objetivo de fortalecer el marco legal ambiental y alinearlo con los estándares internacionales de sostenibilidad y economía circular.
La información fue ofrecida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien explicó que la nueva legislación redefine el rol de los gobiernos locales y de los gestores privados en la administración de los residuos, al tiempo que amplía las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar la preservación del equilibrio ambiental.
Entre los principales cambios, la ley introduce medidas de protección ambiental más estrictas, orientadas a reducir la contaminación generada por el manejo inadecuado de desechos y por los rellenos sanitarios. De manera específica, establece controles progresivos sobre los plásticos de un solo uso y los envases de foam, cuya producción, importación, comercialización y consumo quedarán prohibidos en distintas fases a partir del año 2026, salvo aquellos que cuenten con aditivos biodegradables certificados.
La normativa también busca prevenir prácticas monopólicas y asegurar un mercado competitivo en la gestión de residuos, creando nuevas oportunidades de negocio en los sectores de reciclaje y producción de materiales alternativos. Asimismo, fortalece financieramente al Fideicomiso DO Sostenible, dotándolo de mayor capacidad de supervisión bajo reglas claras y transparentes.
De acuerdo con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Ley 98-25 constituye un avance significativo hacia un modelo de gestión de residuos más responsable, que contribuirá a reducir la acumulación de basura, mejorar la limpieza de los entornos urbanos y disminuir la exposición a vectores de enfermedades.
Además, se destaca que la aplicación de esta normativa impulsará la creación de empleos verdes, mediante oportunidades vinculadas al reciclaje, la innovación tecnológica y la gestión ambiental, consolidando así un desarrollo económico sostenible y una mayor conciencia ciudadana sobre la protección del medio ambiente.
Cabe recordar que el Poder Ejecutivo había observado inicialmente la ley aprobada por el Congreso Nacional, con el propósito de garantizar el equilibrio entre la libre empresa y la protección de los recursos naturales. Posteriormente, las observaciones fueron acogidas por la Cámara de Diputados y aprobadas a unanimidad por el Senado, allanando el camino para su promulgación definitiva.
Dary Terrero
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