Dary Terrero
Durante el juicio por el escándalo de corrupción en los casos Coral y Coral 5G, el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez, detalló el esquema para desviar más de RD$4,500 millones.
En su intervención, Girón explicó cómo operaban las redes de corrupción y el rol de los principales implicados.
Girón Jiménez relató que en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), más de diez mil personas recibieron pagos a través de nóminas con el acuerdo de devolver el dinero a sus superiores.
Estas “cabezas recolectoras” supervisaban el retiro de fondos por parte de figuras clave como el mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector de Cestur.
Según Girón, Cáceres y Torres Robiou recogían los pagos en bultos y sobres.
El acusado también reveló que el sistema para desviar dinero no requería tecnología avanzada; bastaba con corromper a todos los involucrados en el proceso.
Girón señaló que se sobornaba a personal de varias instituciones, incluyendo la Contraloría General de la República, la Policía Nacional y la Dirección General de Presupuesto.
Además, la auditora de la Policía Nacional, bajo las órdenes de Núñez de Aza, estaba en nómina y devolvía el dinero para obtener beneficios, como una pensión.
Girón afirmó que el mayor general Adán Cáceres estaba implicado en el 30-40% de las ganancias ilícitas.
El esquema incluía la inclusión de personal ficticio en la nómina y la inflación del presupuesto para obtener fondos adicionales.
Los sobornos se extendían a todos los niveles de mando, que ignoraban las irregularidades.
En 2017, un decreto del expresidente Danilo Medina ordenó la regularización de los pagos a los cuerpos castrenses, lo que llevó a una auditoría en la Policía.
Girón indicó que, para ocultar las operaciones fraudulentas, se fabricaron sellos falsos en Cestur.
También mencionó a Esmeralda Ortega, gerente del Banco de Reservas, quien manejaba el dinero de Girón bajo las órdenes de Núñez de Aza.
La acusación a los implicados en estos casos incluye desvío de fondos de inteligencia y recursos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), destacando el uso de maniobras fraudulentas para el enriquecimiento ilícito.
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