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La Fundación Primero Justicia ha solicitado formalmente a la Procuraduría General de la República abrir una investigación penal sobre una serie de hechos que podrían constituir delitos graves contra el Estado dominicano.
Entre las acusaciones figuran delitos como prevaricación, extorsión, narcotráfico y lavado de activos. Los señalados ocupan o han ocupado puestos de alta relevancia dentro del aparato gubernamental.
Los hechos fueron denunciados por el analista y experto en inteligencia José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como Jochi Gómez.
Fundación solicita acción legal contra altos funcionarios y empresarios
De acuerdo con el documento remitido a las autoridades, están involucrados el asesor financiero de la Presidencia, Pablo Portes, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, y el asesor político del Poder Ejecutivo, Mauricio Vengoechea.
También se menciona al abogado Jorge Luis Polanco, ex presidente de la Comisión de Recuperación de Bienes del Estado, y al empresario haitiano Gilbert Bigio, fundador del Grupo GB Group.
Otro nombre que resalta en el informe es el del empresario español Pepe Bono, quien ha sido investigado por la justicia de su país por delitos de corrupción y blanqueo de capitales.
El documento destaca que las acciones atribuidas a estas personas podrían violar varios artículos del Código Penal dominicano, entre ellos el 123, 124, 147, 148, 175, 176, 265, 266, 405 y 406, así como disposiciones de la Ley 155-17 sobre lavado de activos.
Jochi Gómez revela red de espionaje y corrupción estructurada
La Fundación Primero Justicia considera relevante la figura de Jochi Gómez, debido a su historial como recolector de inteligencia y vigilancia de funcionarios y empresarios. Su testimonio, aseguran, está sustentado por acuerdos previos con agencias oficiales de seguridad.
Surun Hernández, representante de la fundación, indicó que Gómez era quien monitoreaba y documentaba las actividades ilegales que pudieran poner en riesgo la estabilidad del gobierno.
Una de las denuncias más impactantes señala que el asesor político Mauricio Vengoechea habría exigido un 5% de los ingresos generados por el concepto de revista vehicular al exdirector del Intrant, Hugo Beras.
Este contrato había sido negociado con una empresa española presuntamente vinculada a Pepe Bono, quien ya enfrentaba procesos judiciales en Europa por ocultamiento de bienes.
Denuncian irregularidades en licitación de licencias de conducir
Otro punto crítico en el expediente está relacionado con el proceso de licitación para la expedición de licencias de conducir.
Según el informe, Milton Morrison manipuló este proceso en beneficio del empresario haitiano Gilbert Bigio, lo que representa una violación directa a los principios de transparencia y legalidad en las contrataciones públicas.
La Fundación Primero Justicia ha insistido en que estos hechos deben ser investigados con urgencia y profundidad, ya que podrían implicar una red criminal operando desde el corazón del poder estatal.
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