Dary Terrero
Diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron este lunes en rechazo a la presencia de inspectores de Migración en hospitales públicos, particularmente en maternidades, para detener y deportar parturientas haitianas.
El clamor colectivo fue encabezado por la consigna: “¡Fuera Migración de los hospitales!”, utilizada por activistas y defensores de derechos humanos para denunciar lo que consideran una práctica inhumana y violatoria de tratados internacionales.
Las entidades calificaron como inaceptable que agentes migratorios estén interviniendo en centros de salud, donde, aseguran, lo único que debería importar es la vida y la salud de la madre y del bebé, sin importar su nacionalidad.
Reclamo por respeto a la dignidad humana
Los manifestantes alegan que la medida no solo violenta la Constitución dominicana y normas internacionales sobre derechos fundamentales, sino que también pone en peligro la vida de mujeres que llegan en condiciones críticas a hospitales, especialmente desde comunidades fronterizas.
Indicaron que en múltiples ocasiones se ha documentado que estas mujeres, algunas con trabajos de parto avanzados, son interceptadas en pasillos o salas de emergencias por personal de Migración, incluso antes de ser atendidas por médicos.
Denuncian política “inhumana”
Uno de los principales reclamos de los grupos protestantes es que el gobierno dominicano ha transformado los hospitales en espacios de persecución para mujeres migrantes, lo cual —afirman— contraviene los estándares mínimos de humanidad.
Señalaron que aunque se entiende la necesidad de regular la migración, esto no debe hacerse a costa de la salud ni de la dignidad de seres humanos.
“Se trata de mujeres que acuden a un centro de salud porque están en una emergencia, no porque están huyendo de la ley”, expresó una de las voceras.
Exigen revisión urgente de la medida
Las organizaciones exigieron al presidente Luis Abinader que revise la política migratoria vigente, especialmente las actuaciones del personal de la Dirección General de Migración en los hospitales.
Asimismo, solicitaron al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Salud establecer protocolos claros que impidan las deportaciones en plena labor de parto, lo cual calificaron como una forma de “violencia institucional”.
En paralelo, pidieron a organismos internacionales con representación en el país, como la ONU y la OEA, que observen lo que está ocurriendo y documenten posibles violaciones a derechos humanos.
En conclusión, el llamado de estos grupos no se basa en una defensa irrestricta de la migración irregular, sino en el reclamo de un trato más humano y respetuoso, sobre todo en situaciones que comprometen la vida.
Mientras tanto, el debate sobre la frontera entre seguridad nacional y dignidad humana sigue escalando.
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