Dary Terrero
La fiscalía peruana había solicitado una condena de 30 años de prisión para la excandidata presidencial Keiko Fujimori en relación con el caso Odebrecht.
Este caso de corrupción había sacudido la política peruana y había llevado a investigaciones y procesos judiciales contra varias figuras prominentes.
Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, había sido acusada de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht durante sus campañas presidenciales.
Las acusaciones incluían lavado de activos y organización criminal, basadas en testimonios y pruebas presentadas por los fiscales.
La solicitud de la fiscalía había marcado un hito significativo en el proceso judicial, reflejando la gravedad de las acusaciones.
«Estamos comprometidos a llevar adelante este caso con la máxima rigurosidad y transparencia», había declarado el fiscal a cargo.
Fujimori había negado todas las acusaciones, afirmando que se trataba de una persecución política en su contra.
«Estas acusaciones son infundadas y buscan destruir mi carrera y mi partido», había manifestado en varias ocasiones.
Su defensa había argumentado que no había pruebas suficientes para sustentar las acusaciones y que los testimonios presentados eran inconsistentes.
El caso Odebrecht había tenido un impacto profundo en América Latina, revelando una red de corrupción que había involucrado a varios países y líderes políticos.
En Perú, el caso había llevado a la detención y procesamiento de varios exfuncionarios y empresarios, subrayando la magnitud del escándalo.
La solicitud de 30 años de prisión para Fujimori había generado un amplio debate en el país, con opiniones divididas entre quienes apoyaban la medida como un paso necesario para combatir la corrupción y quienes veían en ella un acto de persecución política.
wadminw
