FEJUS denuncia violación a la Ley 11-92 por falta de indexación del ISR

SANTO DOMINGO.– La Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS) condenó de forma enérgica al Estado dominicano por incumplir, durante más de una década, la indexación por inflación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los salarios, tal como ordena el artículo 296 del Código Tributario (Ley 11-92).

Según la entidad, esta omisión afecta el poder adquisitivo de más de 700,000 trabajadores, quienes estarían pagando impuestos sobre ingresos inexistentes generados únicamente por la inflación. FEJUS calificó la situación como un acto de injusticia fiscal y social, además de una violación al principio de legalidad tributaria establecido en la Constitución.

“El Estado Dominicano no puede seguir actuando como un Estado delincuente, que viola de forma intencional sus propias leyes en perjuicio de la clase trabajadora”, expresó Fidel Lorenzo Merán, presidente de FEJUS. Agregó que no existe justificación moral ni jurídica para mantener congelado el monto exento del impuesto, cuando la ley ordena su ajuste anual por inflación.

La organización aseguró que el monto exento actual, RD$416,220.00 anuales, no corresponde a la realidad económica del país. Indicó que, aplicando la indexación establecida por el Banco Central, dicha cifra debería superar entre RD$550,000 y RD$600,000 al año. Esto ha significado un aumento encubierto del impuesto sobre el salario, afectando el bienestar de miles de familias dominicanas.

FEJUS además respaldó la propuesta del senador Omar Fernández, quien sometió una resolución para que el Poder Ejecutivo disponga la aplicación inmediata de la indexación prevista en la Ley 11-92.

“Respaldamos toda iniciativa que restituya el respeto al Estado de derecho y garantice la equidad tributaria. No puede hablarse de justicia social en un país donde el propio Estado desobedece la ley”, concluyó la entidad.

La Fundación hizo un llamado al Congreso Nacional, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a corregir esta situación y aplicar la norma en toda su extensión, con el objetivo de garantizar un sistema fiscal justo, transparente y respetuoso de los derechos de los trabajadores.