Dary Terrero
El movimiento RDPorLoAlto, encabezado por el activista social Hernani Aquino, urgió este lunes al Ministerio de Medio Ambiente a cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20), especialmente en lo relativo a la reducción y eventual eliminación del foam y los plásticos de un solo uso.
Aquino advirtió que a pocos meses de vencer los plazos críticos establecidos en la normativa, el país no cuenta con los informes de evaluación que exige el artículo 172 de dicha ley, los cuales deben realizarse cada año para medir la efectividad de las políticas públicas de mitigación.
Plazos en cuenta regresiva
La Ley 225-20, vigente desde octubre de 2020, dio un plazo de 60 meses para reducir y luego eliminar el uso del foam (poliestireno expandido) en envases de alimentos y bebidas, así como la entrega gratuita de fundas plásticas en establecimientos comerciales.
Sin embargo, Aquino señaló que no se han presentado los estudios técnicos que evidencien avances en la aplicación de estas medidas, ni las acciones correctivas necesarias para cumplir con lo que estipula el texto legal.
Falta de transparencia en la ejecución
La campaña #NoFoamRD, junto a otras iniciativas como #DaleBandaAlFoam y grupos de la sociedad civil, han demandado públicamente que se prohíba de manera definitiva el uso del foam, un material que representa una grave amenaza para los ecosistemas marinos y terrestres.
El artículo 173 de la Ley 225-20 contempla la creación de un programa nacional de eliminación de estos residuos.
Este programa debía incluir campañas de concientización, la integración de policías municipales y turísticas en su fiscalización, así como incentivos económicos para recicladores.
Hasta el momento, ninguna de estas líneas de acción ha sido implementada de forma efectiva, según denunció Aquino.
Un llamado urgente al Estado
Desde RDPorLoAlto, se plantea que el Ministerio de Medio Ambiente debe transparentar los datos disponibles, rendir cuentas sobre los avances y asumir con firmeza su rol frente a una problemática que afecta directamente a la salud pública, la biodiversidad y los compromisos ambientales internacionales de la República Dominicana.
“El país necesita una gestión ambiental responsable. Cumplir con el espíritu de la Ley 225-20 no es solo un deber legal, sino un compromiso ético con las futuras generaciones”, puntualizó Hernani Aquino.
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