Dary Terrero
La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el Departamento de Justicia logró incautar 700 millones de dólares en activos relacionados con el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Entre los bienes confiscados figura una lujosa mansión ubicada en la República Dominicana.
Caso de crimen organizado
Bondi calificó la operación como un caso de “crimen organizado, al igual que la mafia”, asegurando que los activos forman parte de un esquema internacional de corrupción y lavado de dinero. La fiscal enfatizó que estas acciones buscan desmantelar redes financieras ilícitas vinculadas a funcionarios de alto nivel en Venezuela.
Activos y propiedades incautadas
El Departamento de Justicia indicó que los bienes confiscados incluyen propiedades residenciales, cuentas bancarias y otros activos de alto valor en distintas jurisdicciones. La mansión en la República Dominicana destaca por su lujo y localización estratégica, y simboliza el alcance global de las investigaciones contra Maduro y sus allegados.
Implicaciones legales
Según Bondi, la incautación es parte de un proceso mayor de investigación y enjuiciamiento que involucra a varias personas vinculadas al entorno de Maduro. El gobierno estadounidense busca responsabilizar a los implicados y recuperar recursos obtenidos de manera ilícita, enviando un mensaje firme contra la corrupción transnacional.
Colaboración internacional
El caso refleja la cooperación de Estados Unidos con países de la región para rastrear y confiscar activos vinculados a esquemas de corrupción. La fiscal destacó que la coordinación internacional es esencial para desarticular redes de lavado de dinero que operan más allá de las fronteras de un solo país.
Prevención y transparencia
Bondi señaló que estas acciones también buscan reforzar la transparencia en el manejo de activos financieros globales, previniendo que funcionarios corruptos utilicen el sistema financiero internacional para ocultar ganancias ilícitas. La medida tiene un doble objetivo: sancionar a los responsables y recuperar recursos para las víctimas de la corrupción.
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