Redacción DT
La Cámara de Diputados declaró de urgencia y convirtió en ley, en dos lecturas consecutivas, el proyecto que reconoce y autoriza el pago de deudas por obras públicas ejecutadas desde 1996, iniciativa que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
La pieza legislativa fue aprobada con la abstención de los partidos de oposición, cuyos voceros advirtieron que en el paquete de cientos de contratos incluidos en la ley podría haber irregularidades. Los diputados Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo (FP), y Gustavo Sánchez, del PLD, denunciaron que el proyecto llegó a la Cámara Baja pocas horas antes de la sesión, lo que impidió un análisis detallado por parte de los legisladores.
Ambos expresaron preocupación debido a que, según señalaron, en el listado figuran empresas y contratistas recientes, por lo que solicitaron que la iniciativa fuera enviada a comisión para una revisión minuciosa, a fin de evitar que se mezclaran casos legítimos con situaciones irregulares.
Pese a los cuestionamientos, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) impuso su mayoría y aprobó la normativa, la cual ya había sido sancionada previamente por el Senado de la República.
Al motivar la aprobación, el vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, afirmó que la ley reconoce una realidad histórica y honra la memoria de cientos de contratistas, muchos de los cuales ya han fallecido, estableciendo que las remuneraciones pendientes serán entregadas a sus familiares, conforme a lo dispuesto en el texto legal.
Durante el debate, legisladores de la oposición como Antonio Brito, de San Cristóbal, y Carlos Pérez, de La Romana, cuestionaron el inventario de obras atribuidas a sus demarcaciones y consideraron necesario investigar algunos de los proyectos incluidos.
La ley tiene como objetivo autorizar de manera excepcional y restrictiva a las entidades de la administración pública a eximir los procedimientos de selección establecidos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, con el fin de viabilizar el reconocimiento y pago de estas deudas acumuladas.
El marco legal abarca obras ejecutadas por instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Educación (Minerd), el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi). También incluye compromisos del Inapa, la CPADP, la Junta Central Electoral (JCE), la CAASD y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).
Dary Terrero
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