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El diputado oficialista Sergio Moya de la Cruz, conocido como “Gory”, presentó una querella con constitución en actor civil contra el comunicador Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal.
El legislador acusa al periodista de cometer presuntos actos de difamación e injuria, según lo establecido por el Código Penal dominicano y la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.
La denuncia fue depositada ante la Fiscalía del Distrito Nacional por un equipo legal compuesto por los abogados José Altagracia Fis Batista, Enmanuel Pimentel Reyes y Enmanuel Martínez Acevedo.
Argumentos de la querella
Según el documento sometido, Gory Moya señala que las declaraciones del comunicador afectaron directamente su honra y reputación.
Los abogados del diputado argumentan que las expresiones emitidas por De Dios de la Cruz no solo carecen de veracidad, sino que también fueron difundidas con la intención de dañar su imagen pública.
Los supuestos comentarios difamatorios habrían sido divulgados a través de medios digitales, lo que activa los mecanismos de la Ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología.
Base legal del caso
La acusación se sustenta en los artículos 367 y siguientes del Código Penal dominicano, que tipifican los delitos de difamación e injuria.
Además, se apoyan en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, los cuales penalizan la difusión de contenidos difamatorios mediante medios electrónicos.
Esta legislación busca proteger la dignidad de las personas frente al uso irresponsable de las plataformas digitales.
El diputado y su historial
Sergio Moya, figura del partido oficialista, ha sido objeto de atención mediática en los últimos meses debido a su presunta vinculación con temas judiciales.
No obstante, en este caso, él se posiciona como víctima de una campaña que, asegura, busca desacreditarlo sin pruebas.
Según sus representantes legales, esta acción judicial tiene como propósito salvaguardar su integridad moral y enviar un mensaje claro sobre el respeto a la honra de los servidores públicos.
Reacción del entorno
Hasta el momento, el comunicador Alfredo de Dios de la Cruz no ha emitido una declaración oficial respecto a la querella.
Sin embargo, diversas voces en el ámbito de la comunicación han manifestado preocupación por el equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y la protección del honor individual.
La querella ha reavivado el debate sobre los límites del discurso público en República Dominicana, especialmente cuando involucra a figuras de poder.
Próximos pasos en el proceso
El Ministerio Público deberá analizar el expediente presentado por el equipo legal del diputado y determinar si procede iniciar una investigación formal.
De avanzar el proceso, el comunicador podría enfrentar cargos penales, así como una demanda civil por daños y perjuicios.
Mientras tanto, el equipo del legislador reiteró que esta acción busca sentar un precedente en cuanto al respeto y la responsabilidad en el ejercicio del periodismo.
Un caso que pone a prueba la justicia y la libertad de expresión
Este conflicto entre un diputado y un comunicador plantea nuevamente la delicada línea entre libertad de expresión y difamación.
El desarrollo del caso será seguido de cerca tanto por la opinión pública como por gremios de prensa y defensores de derechos humanos.
Será responsabilidad de las autoridades actuar con imparcialidad y transparencia para garantizar que se respeten los derechos de ambas partes.
–MÁS
Dary Terrero
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