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Por: América Pérez (Magíster en Diplomacia y Derecho Internacional)
La diplomacia ha demostrado ser un mecanismo esencial para abordar problemas globales y regionales, pero su impacto en la lucha contra los feminicidios en el continente americano aún deja mucho que desear. A pesar de los programas y acuerdos internacionales sobre la no violencia hacia la mujer, como la Convención de Belém do Pará impulsada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la iniciativa Spotlight de las Naciones Unidas (ONU), el aumento alarmante de feminicidios refleja la incapacidad de los Estados para implementar políticas efectivas y sostenibles. Este problema no solo es una tragedia social, sino un desafío que pone a prueba la capacidad de la diplomacia para influir en políticas públicas que protejan a las mujeres y promuevan sociedades igualitarias.
El incremento de feminicidios en la región es un claro indicador de que las estrategias nacionales no están logrando frenar esta violencia sistémica. Aunque programas como la Convención de Belém do Pará, que obliga a los Estados a tomar medidas contra la violencia de género, y Spotlight, que financia proyectos enfocados en prevenir el feminicidio y mejorar el acceso a la justicia, han establecido un marco sólido, muchos países carecen de la voluntad política para implementarlos plenamente. Aquí, la diplomacia puede jugar un rol crucial, no solo mediante la cooperación entre Estados, sino también presionando para que los compromisos internacionales se traduzcan en acciones concretas. La creación de un pacto regional contra la violencia de género, con metas claras y mecanismos de seguimiento, podría ser un primer paso hacia soluciones coordinadas.
La diplomacia también tiene el potencial de empoderar a las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra esta problemática, asegurando que tengan recursos y voz en las decisiones políticas. Esto incluye fortalecer iniciativas como las impulsadas por la OEA a través de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), que promueve la igualdad de género en las políticas públicas, y campañas educativas apoyadas por la ONU para erradicar las raíces culturales del machismo y la misoginia. Es fundamental que los diplomáticos utilicen su influencia para fomentar no solo cambios legislativos, sino también transformaciones culturales que frenen la normalización de la violencia hacia las mujeres.
El aumento de los feminicidios en América no es solo un asunto de seguridad y derechos humanos, sino una cuestión de desarrollo regional. Sociedades marcadas por la violencia de género nunca alcanzarán su verdadero potencial económico y social. Por ello, la diplomacia debe asumir un papel más activo y comprometido, liderando esfuerzos que prioricen a las mujeres como agentes de cambio y garantes de paz. Si los países no se comprometen a abordar esta crisis con la urgencia que merece, no solo estarán fallando a sus ciudadanas, sino que perpetuarán un ciclo de desigualdad y violencia que amenaza el futuro de toda la región.
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