Dary Terrero
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recomendó a la Contraloría General de la República retener los pagos a suplidores beneficiarios de tres licitaciones convocadas por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), hasta que se concluyan las investigaciones en curso.
La medida afecta alrededor de 150 contratos relacionados con la compra de utilería escolar, como parte de un proceso que ha despertado preocupación en el órgano rector de las contrataciones públicas.
Investigación por presuntas anomalías en licitaciones escolares
La DGCP inició en abril una investigación de oficio amparada en el artículo 71 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, tras detectar señales de posibles irregularidades en tres procesos específicos: INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012.
Estos procedimientos corresponden a licitaciones públicas nacionales para la adquisición de materiales escolares destinados a estudiantes del sistema educativo público.
Según explicó el órgano regulador, el objetivo es verificar la legalidad de cada etapa de los concursos, desde la convocatoria hasta la adjudicación, para establecer si hubo violaciones a la normativa vigente.
DGCP y Contraloría realizan investigación paralela
Contrataciones Públicas informó que, de forma paralela a su indagatoria, colabora con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República en una investigación especial que profundiza en la participación de funcionarios, suplidores y técnicos en los procesos observados.
La pesquisa incluye entrevistas a peritos y personal técnico de INABIE, así como análisis cruzado de datos extraídos del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (Portal Transaccional), con el propósito de determinar responsabilidades administrativas o penales si las hubiese.
Contratos bajo la lupa
Aunque la DGCP no especificó el monto total involucrado en los contratos, la magnitud del número de acuerdos retenidos sugiere que se trata de una operación de gran escala.
La recomendación emitida a la Contraloría busca evitar que se efectúen pagos hasta tanto se tenga claridad sobre la legalidad de los procedimientos.
Desde hace varios años, el INABIE ha sido objeto de controversias vinculadas a sus procesos de licitación, especialmente en lo relacionado con alimentos escolares, transporte y útiles educativos.
Transparencia y rendición de cuentas
El actual proceso de verificación se inscribe en los esfuerzos por transparentar el uso de fondos públicos y garantizar que los recursos destinados a la educación sean gestionados de manera eficiente y conforme a la ley.
La DGCP reiteró su compromiso de velar por la integridad del sistema de compras públicas, enviando una señal de que no permitirá que se normalicen prácticas que comprometan la ética y la legalidad institucional.
El seguimiento a esta investigación será clave para determinar si hubo fallas técnicas, favoritismo, colusión entre partes o simples errores administrativos.
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