La noche del lunes fueron arrestadas dos abogadas en Puerto Plata, en un procedimiento que, según su defensa, se realizó sin ninguna orden judicial válida.
La denuncia fue realizada este martes por el abogado José Tomás Díaz, quien calificó el hecho como irregular y preocupante.
Las juristas Isa Cecilia Alcántara y su colega identificada únicamente como Estefany permanecieron detenidas por varias horas, a pesar de que no pesaba contra ellas ningún requerimiento legal al momento del arresto.
Supuesta confusión con una alerta roja
Según explicó Díaz, la detención fue ejecutada por miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), quienes alegaron que existía una alerta roja en contra de Alcántara.
Sin embargo, esa medida ya habría sido ejecutada con anterioridad, y la profesional del derecho había comparecido ante un tribunal donde se le impuso una medida cautelar.
“Se pensaba que existía una orden de arresto contra Estefany, pero al verificar con el procurador del distrito judicial de Puerto Plata, se confirmó que no había ningún proceso en su contra ni contra Isa Cecilia”, explicó el abogado.
El jurista expresó su consternación por el manejo del caso, señalando que ambas mujeres fueron llevadas desde el municipio de Sosúa hasta la Fiscalía del municipio cabecera, sin justificación legal válida.
Tras depuración, se confirmó que no eran requeridas
Durante la mañana de este martes, las autoridades verificaron que ninguna de las dos abogadas tenía un proceso judicial activo que justificara su detención.
Aun así, ambas fueron privadas de libertad y, según su representante legal, maltratadas por los agentes policiales actuantes.
José Tomás Díaz insistió en que la detención fue arbitraria y que se violaron derechos fundamentales al mantener bajo custodia a dos profesionales sin el debido sustento legal.
“Me preocupa que esto ocurra con dos abogadas, quienes conocen sus derechos. ¿Qué puede esperar un ciudadano común en situaciones similares?”, cuestionó.
Exigen explicación y medidas disciplinarias
El jurista demandó una explicación formal de parte de las autoridades policiales y del Ministerio Público de Puerto Plata, al tiempo que llamó a realizar una investigación sobre el procedimiento y el posible abuso de poder cometido durante la detención.
También afirmó que sus defendidas podrían iniciar acciones legales si no se aclara debidamente la actuación de los agentes del Dicrim, pues consideran que hubo un uso excesivo de la fuerza y una actuación sin fundamento.
El caso ha generado preocupación en círculos legales de la provincia, ya que se trata de una situación que, de comprobarse su ilegalidad, sentaría un mal precedente para el respeto al debido proceso y los derechos de los profesionales del derecho.
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