Dary Terrero
SANTO DOMINGO. El Defensor del Pueblo ha logrado posicionarse como la institución pública de mayor confianza para la garantía y defensa de los derechos fundamentales en República Dominicana, según reveló la Encuesta Nacional de Derechos Humanos (ENDH 2024), cuyos resultados fueron presentados recientemente.
Gracias a una serie de programas y campañas de educación cívica desarrollados en todo el país, como la “Constitución Animada” y la “Ruta de los Derechos”, esta institución logró reducir en un 36.9 % el nivel de desconocimiento de la población sobre sus derechos constitucionales en comparación con años anteriores.
Más de la mitad confía en el Defensor del Pueblo
La encuesta arrojó que el 57.5 % de los entrevistados manifestó confiar plenamente en el Defensor del Pueblo como ente de defensa efectiva de sus derechos, superando incluso a instituciones del sistema judicial y otros organismos estatales.
Esta percepción de confianza se atribuye al enfoque pedagógico de la institución, su presencia activa en comunidades vulnerables y la accesibilidad de sus canales de atención.
Educación y salud: los derechos más reconocidos
En cuanto al reconocimiento de derechos humanos garantizados por la Constitución, el derecho a la educación fue el más identificado por la ciudadanía (46.3 %), seguido por el derecho a la salud (36.2 %), alimentación (31.1 %) y libertad (24.6 %).
Sin embargo, el nivel educativo mostró ser un factor determinante. Mientras el 41.6 % de quienes solo alcanzaron la educación primaria tuvieron dificultades para identificar sus derechos, solo el 25.8 % de los encuestados con estudios superiores reportó este problema.
Pocas personas conocen todos sus derechos
A pesar de los avances, el estudio evidenció que solo un 2.3 % de los dominicanos consultados reconoce todos los derechos humanos garantizados por la Constitución.
Los grupos más vulnerables identificados fueron las mujeres (45.3 %) y las personas privadas de libertad (44.8 %), quienes reportan mayor dificultad para acceder o ejercer plenamente sus derechos fundamentales.
Derecho a la vida y salud: los más valorados
Los encuestados señalaron que los derechos humanos más importantes son el derecho a la salud (19.6 %) y el derecho a la vida (19.4 %), reflejando una prioridad colectiva por el bienestar físico y la integridad personal.
Sin embargo, también aumentó la percepción de que los derechos no se respetan. Un 23.7 % dijo sentir que sus derechos no son respetados en absoluto, en comparación con el 19.1 % en 2022.
Solo un 8.5 % considera que los derechos se respetan “mucho”, frente al 17.4 % registrado hace dos años.
Desigualdad y vulneraciones laborales
Un 75.5 % de los encuestados considera que las leyes “no se aplican por igual” para todos los ciudadanos, lo que sugiere una percepción extendida de inequidad en la justicia y la administración pública.
El 18.3 % de los encuestados dijo haber sufrido vulneraciones de derechos en el ámbito laboral, una situación más común entre las mujeres (20 %) que entre los hombres (16.8 %).
Además, un 15 % de los hombres aseguró haber experimentado más de una violación de derechos en el último año, en comparación con un 9.9 % de las mujeres.
Niñez y adolescencia: derechos en riesgo
La ENDH 2024 también reveló que el 40 % de los ciudadanos considera que los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) no son suficientemente respetados en el país.
Entre los principales retos identificados están el acceso desigual a educación de calidad, servicios de salud, alimentación y la protección contra el maltrato y la violencia intrafamiliar.
No obstante, el informe también resalta avances institucionales en políticas de infancia.
El grupo más afectado por violaciones de derechos resultó ser el de jóvenes entre 18 y 26 años, con un 12.4 % que dijo haber sufrido al menos una vulneración.
En contraste, el 80.6 % de las personas mayores de 60 años afirmó no haber sido víctima de ninguna violación en el último año.
La ENDH 2024 refuerza el rol del Defensor del Pueblo como pieza clave en la construcción de una ciudadanía más informada y empoderada, así como en el impulso de políticas públicas que garanticen un ejercicio real de los derechos humanos.
DS NU
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